Responsabilidad Del Estado Por El Dictado De Prisión Preventiva

Responsabilidad patrimonial del Estado
por el dictado de la prisión preventiva.

(A propósito de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo)


por Juan Manuel Kees

Sumario: 1. Introducción; 2. La debilidad del marco teórico en la doctrina nacional y jurisprudencia de la CSJN; 3. Elementos para la ampliación del marco conceptual sobre la prisión preventiva: a) Lafunción de la dogmática procesal penal; b) Problemas de definición y verificación de la peligrosidad procesal; c) El doble estándar de calidad de la CSJN en materia de peligrosidad procesal. d) Las falencias operativas de las fuerzas de seguridad como causa de la peligrosidad procesal; d) Prisión preventiva, modelos procesales y formas de gobierno. 5. Culpables afortunados e inocentesdesafortunados. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.




Ese infeliz que sufrió tanto en la cárcel, que recibió tantos perjuicios patrimoniales y que vio a su inocente familia hecha blanco de muchos dolores, por un error de la policía judicial o por la obstinada alucinación de algún funcionario, ¿no será acaso una víctima? Y si lo es por obra de los agentes del Estado ¿no tendrá este eldeber moral y jurídico de reparar los daños injustamente inferidos?

Francesco Carrara


Puede parecer ocioso insistir sobre la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad civil de la Administración. Desde el punto de vista jurídico, como veremos, lo que sería preciso justificar sería la solución contraria; es decir, el principio de unainmunidad de la Administración respecto a la responsabilidad derivada de los daños causados por su actuación; esta justificación se ha venido proponiendo secularmente en virtud de principios cuya consistencia dogmática se ha derrumbado estrepitosamente, y no es posible ya encontrar un solo argumento objetivo que abone el postulado de la irresponsabilidad.
Eduardo García de Enterría1. Introducción.
El interrogante acerca de si corresponde indemnizar a las personas encarceladas preventivamente cuando no se han demostrado los presupuestos de la responsabilidad penal, ha generado en la doctrina nacional y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nivel de consenso acotado a determinados supuestos.
En términos generales, se reconoceactualmente que la privación cautelar de la libertad genera el deber de un resarcimiento por parte del estado cuando se configura alguno de los siguientes casos: a) error judicial[1]; b) prisión preventiva dispuesta sobre la base de una actividad policial ilegítima[2]; c) irregular prestación del servicio de justicia -tal el caso de la excesiva prolongación de la prisión preventiva-[3]; d)adquisición de certeza sobre la inexistencia del hecho delictivo o falta de participación de la persona encarcelada[4]; e) condena de cumplimiento en suspenso, o a pena no privativa de libertad, o de prisión de efectivo cumplimiento a un tiempo inferior al padecido en prisión preventiva[5]; f) prisión preventiva ilegal o arbitraria[6]; g) sobreseimiento por prescripción de la acción[7]; y h)sobreseimiento por nulidades de procedimiento[8].
Fuera del ámbito de consenso generalizado señalado precedentemente, se sitúa el caso de las personas encarceladas preventivamente y absueltas por aplicación del principio in dubio pro reo. Por diversas razones, un amplio sector de la doctrina y en forma unánime la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazan toda posibilidad deindemnizar los perjuicios derivados de la privación cautelar de la libertad cuando el proceso concluye con la absolución por aplicación del beneficio de la duda.
Probablemente una de las razones que gravite en mayor medida para sostener esta posición sea el esperable costo político que podría resultar del pago de una indemnización a quien -con prescindencia de su eventual participación...