Responsabilidad patrimonial del estado por sanciones disciplinarias posteriormente anuladas

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR SANCIONES DISCIPLINARIAS POSTERIORMENTE ANULADAS
Jesús Manuel González Acuña
Fecha de incorporación: Junio 2001
Indemnización de perjuicios.
El principal problema que plantea la revocación en vía administrativa o judicial de las resoluciones disciplinarias sancionadoras consiste en la inmediata ejecutividad que a las mismas imponen tanto la LeyDisciplinaria Militar (art. 67) como la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil (art. 54). Esta inmediata ejecutividad conlleva el resultado de que una vez obtenida sentencia estimatoria por la que se revoca la sanción impuesta, por ser contraria a Derecho, el sancionado ya ha cumplido el correctivo, con todos los perjuicios que las distintas sanciones conllevan.
Una posible solución o, al menos, unpaliativo a estas situaciones, la encontramos en el artículo 106.2 de la Constitución: “Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, y en el artículo 121 de lamisma: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.
Estos mandatos constitucionales se recogen y desarrollan en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común [en adelante, LRJAP-PAC] y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial [RRP].
Consiste la indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la reposición de la situación del interesado a su estado originario,como si ésta no hubiera sufrido alteración alguna, debiendo comprender tanto el daño emergente (valor de la pérdida que se haya sufrido) como el lucro cesante (beneficio dejado de obtener). En estos conceptos están incluidos los daños materiales y los daños morales. Las cuantías obtenidas en la determinación de la indemnización debe actualizarse, además, mediante la aplicación del índice deprecios al consumo y el abono de los intereses por demora a que hace referencia la Ley General Presupuestaria, desde la fecha en que la lesión efectivamente se produjo.
En primer lugar, y antes de entrar en el fondo del asunto que nos ocupa, es importante destacar que el artículo 142.4 LRJAP-PAC dispone: “La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso–administrativo delos actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva (...)”. En parecida línea se muestra la jurisprudencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo indicando que la estimación del recurso no essuficiente para la concesión de la indemnización, pues se requiere alegar y probar los daños y perjuicios sufridos (SSTS de 6 de octubre de 1992; 27 de abril de 1993; 30 de enero de 1995; 8 de mayo de 1995, entre otras). Por ello, se han de hacer constar en el procedimiento las lesiones producidas y la relación de causalidad entre éstas y la sanción impuesta. Es decir, se convierte en reglageneral la necesidad de prueba tendente a acreditar la existencia real de los daños causados por la resolución anulada.
En relación con los daños morales, sin embargo, la Sala de lo Militar prevé la posibilidad de que la declaración indemnizatoria “(...) puede ser también resultado del sólo raciocinio judicial cuando tal declaración resulte inherente a la reparación exigida en justicia por un mal...