Responsabilidad Social Y Ética “Públicas” Y Relación Laboral De Empleo Público.

1. LOS INTERESES DE (Y EN) LAS ORGANIZACIONES. CONVERGENCIA ENTRE LA EMPRESA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


El estudio que ofrecemos tiene como objetivo analizar desde una perspectiva jurídica el efecto de la integración de un fenómeno de múltiples connotaciones, la Responsabilidad Social en la gestión de los servicios que tiene encomendados la Administración Pública y, en particular,en la dirección y control de quienes, por su cuenta y bajo su dependencia, es decir sus empleados, desarrollan las funciones para la consecución de aquéllos. Fenómeno conectado a la Ética Empresarial y ambos utilizados como criterios de modulación de múltiples aspectos del empleo público, entre ellos, el que refiere a los “deberes, principios éticos o principios de conducta” que el Estatuto Básicodel Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, (en adelante, EBEP) establece o lista para todos los empleados públicos

Por ello aquí sólo contemplaremos la Administración Pública en su vertiente subjetiva, es decir, como Organización a la que es imputable un conjunto de actividades de distinta naturaleza y, en particular, su consideración de persona jurídica, sujeto de unarelación jurídica múltiple, con los ciudadanos a los que sirve y con los empleados a su servicio y, en este caso, en su condición de “empleadora”, ya sea en sentido estricto jurídico-laboral o amplio, comprensivo también de la relación de empleo público al margen del contrato de trabajo, esto es, funcionarial.
De otro lado, conviene advertirlo, la expresión “Administración Pública” se utiliza eneste trabajo en singular porque, si bien en nuestro Derecho positivo se parte de la existencia de una pluralidad de las Administraciones Públicas, a los efectos aquí perseguidos pretendemos dotarle de un carácter global, omnicomprensivo de todas ellas. SE utiliza, en definitiva, el concepto amplio que otorga el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de Abril),comprendiendo (art.2º) a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, a las Administraciones de las Entidades Locales, los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas y a las Universidades Públicas.1.1.El “interés general” y los principios de actuación de la Administración Pública


Tras esas primeras consideraciones, se ha de comenzar recordando el mandato constitucional que exige a la Administración Pública servir a los “intereses generales” (CE, art.103.1).
Si éste, el interés general, se entiende sinónimo de “interés social”, “bien común” e “interés público” , resulta quees un concepto jurídico indeterminado, no definido ni precisado en el texto constitucional, que ha de interpretarse según el contexto social y económico. De tal manera que corresponde a los poderes públicos valorar los intereses que emanan de la sociedad y publificar los que hayan de ser tutelados por la Administración Pública y, en definitiva, determinar la prevalencia de unos intereses sobreotros. Porque, como ha afirmado la doctrina, es el interés de la comunidad el que el poder público asume como propio, prestándole sus medios públicos de gestión y tutela, definiendo los intereses generales como “interes sociales publificados”

Ejemplo actual de interés general, a tutelar y garantizar por la Administración Pública, es el que los poderes públicos han definido como “EconomíaSostenible”, entendida legalmente como patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes...