Resumen Capitulo Iv

Capítulo IV
Limites a la construcción impuestos por su función política

La coherencia interna del sistema es un requisito necesario pero no suficiente. La corrección de un sistema no dependerá exclusivamente de que no sea contradictorio. Por muy coherente que sea, no será válido si contradice los principios limitadores que le impone la previa decisión política sobre la función que el sistemadebe cumplir. El sistema será válido si respeta los principios limitadores.
Los principios limitadores del Derecho penal son aquellas directrices de la doctrina que le han impuesto barreras a la construcción del Derecho penal, de tal forma que éste no se extralimite y afecte el Estado de Derecho.
Todos los principios limitadores demandan legalidad.
Es posible clasificar los principios en:1) Principios que derivan del a exigencia de legalidad:
a) legalidad formal
b) irretroactividad
c) máxima taxatividad legal e interpretativa
d) respeto histórico al ámbito de lo prohibido
2) Principios contra groseras disfuncionalidades con los derechos humanos:
a) Lesividad
b) Humanidad
c) Trascendencia mínima
d) Prohibición de doble punición
e) Buena fe ypro homine
3) Limites derivados del principio republicano de gobierno:
a) Principios de acotamiento material que incluye: a.1) Proscripción de grosera inidoneidad de la criminalización; a2) Proscripción de grosera inidoneidad del poder punitivo; a.3) limitación máxima de la respuesta contingente.
b) Principio de superioridad ética del Estado
c) Principio de saneamiento genealógicod) Principio de culpabilidad: d.1) exclusión de la imputación por mera causación; d.2) principio de exigibilidad.

1. Principios que derivan del a exigencia de legalidad:
1.a) Legalidad formal
La única ley penal es la ley formal emitida por los órganos políticos habilitados por la C.N., EN ESTO CONSISTE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El conjunto de disposiciones de máxima jerarquía normativaque establecen la exigencia de legalidad penal, son la C.N.( especialmente los Arts. 18, 19 y 75 Inc. 22), EL Pacto de San José de Costa Rica (Art. 9) y el Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos (Art. 9). El Art. 18 de la C.N. consagra la legalidad procesal (juicio previo fundado en ley anterior). Los Arts. 9, tanto de la CADH como del PIDCP consagran el principio de legalidad penalcon jerarquía de norma constitucional.
C.N. Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridadcompetente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de laNación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
C.N. Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadasa Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
C.N. Art. 75.- Corresponde al Congreso: Inc. 22.- Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen...