Reyes Cinco

CAPÍTULO

QUINTO

LA SEGUNDA FASE DE LA REFORMA (INTEGRAL)
AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
I. INTRODUCCIÓN
En el marco de la XXII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional
de Seguridad Pública, celebrada en el Palacio Nacional el día
21 de agosto de 2008, se reunieron los poderes Ejecutivo federal y estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial federal,representantes de las Asociaciones de Presidentes Municipales, organismos empresariales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, donde decidimos firmar un
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad (y la Justicia).
La firma de este importante pacto fue precedida del reconocimiento que todas las autoridades hicimos respecto a la impunidad, corrupción, la falta de coordinaciónentre las autoridades, así como el ambiente de inseguridad y violencia que priva
a lo largo y ancho de nuestro país. Lo hicimos pensando en
soluciones reales de corto, mediano y largo plazo, que en la
medida en que cumpla la autoridad federal, estatal y municipal
lograremos la contención de la violencia, erradicaremos la impunidad y la corrupción y daremos respuesta a los ciudadanos
en sulegítima demanda de exigir seguridad y garantía de res121

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REFORMA INTEGRAL AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

peto a los derechos humanos. Cumplir con la misión de erradicar la impunidad y la corrupción que en estos momentos existe
en el país, no es una tarea sencilla, requiere de la colaboración, cooperación y coordinación de los tres órdenes de gobierno encargados de la seguridad ciudadana y lajusticia penal,
también del respaldo ciudadano hacia la estrategia integral que
pretendemos alcanzar con múltiples acuerdos que a través de
un observatorio ciudadano todos debemos cumplir cabalmente.
Ciertamente, el desafío y el reto son inaplazables. Resulta
de gran envergadura el entendimiento entre los tres órdenes
de gobierno que están obligados a brindar seguridad y brindarles acceso ala justicia a los ciudadanos, para alcanzar esta
gran expectativa ciudadana que se ha generado desde el poder
público. En el gobierno del estado de Chihuahua la transformación de la justicia penal y ahora de la seguridad pública inició
desde el año 2005, al plantearse en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010 una serie de políticas públicas dirigidas precisamente a transformar un modelo dejusticia inquisitivo por
un sistema de justicia, que incorpora el procedimiento penal
acusatorio y adversaria, que modifica sustancialmente el sistema de investigación criminal e impacta el sistema de ejecución
de sanciones penales. Sin embargo, la consolidación de este
modelo de justicia penal requiere para su eficacia de le- yes
que brinden mayores garantías al ciudadano y a las propiasautoridades encargadas de aplicar la ley.
Es necesario contar con instituciones de seguridad sólidas,
eficaces, profesionales y con un alto grado de competencia
técnica y ética. Esta postura exige replantear los mecanismos
de coordinación interinstitucional y hacer frente de manera decidida a las empresas criminales, poniendo fin a la impunidad
y a la corrupción, mediante la elaboración yaplicación de leyes
de seguridad comunitaria y de justicia penal cuya esencia tenga como punto de partida una premisa ineludible: la política de

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seguridad es una política de Estado que involucra a los tres poderes de la Unión, a los tres órdenes de gobierno y a las entidades federativas, como condición indispensable para garantizar la seguridad de todoslas personas que habitan nuestro
país. Y esa política de seguridad pública igualmente debe incluir mecanismos transparentes de rendición de cuentas que
establezcan un observatorio ciudadano permanente, donde el
seguimiento, supervisión y evaluación de los programas de seguridad pública sean su principal tarea.
Como se mencionó en el Acuerdo que suscribimos, el gobierno del estado de...