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Respecto a Italia –que dispone de un orden normativo fundamentado, sobre todo, en la idea de la resocialización del menor - la principal nota a destacar es que para exigirles dicha responsabilidad cuenta con un procedimiento específico, que trae consigo importantes implicaciones en el orden sustantivo. Se trata del D.P.R. de 22 de septiembre de 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale acarico di imputati minorenni),
internamiento en régimen cerrado- se cumple en centros específicos para menores infractores y el límite máximo de su duración varía en función de que se imponga a mayores de catorce y menores de dieciséis, o a los mayores dieciséis que no hayan llegado a los dieciocho. En el primer caso, el tope máximo –reservado para la comisión de ilícitos con pena de prisión igualo superior a quince años- se sitúa en los cuatro años, incrementándose hasta los cinco para los responsables de más de un delito, alguno de los cuales sea de terrorismo sancionado con prisión igual o superior a quince años. En relación con los mayores de dieciséis años, de forma paralela a la anterior, se fijan los límites máximos en los ocho y los diez años, respectivamente. La medida deinternamiento puede verse complementada con otra medida de libertad vigilada (hasta un máximo de tres o cinco años, según se trate de la primera o segunda franja de edad), mientras que a los terroristas siempre se les suma la inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta.
Determinar la minoría de edadpara los efectos de la responsabilidad ante la Ley penal, es un tema debatido, y existe una gran variedad de criterios para fijar la edad límite en que una persona pueda considerarse como menor.
Según La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo Primero que “...se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le seaaplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
En el ámbito jurídico-penal la capacidad de autodeterminación recibe el nombre de imputabilidad de ahí que quien no satisfaga el límite de edad que señala la ley, se le considerara un inimputable.
Lo anterior nos lleva a concluir que el menor no es, no puede ser delincuente, simple y sencillamente porque su conducta no puede llegar a integrartodos los elementos del delito, pues es un sujeto inimputable y ésta es condición esencial para que pueda integrarse el elemento de la culpabilidad.
Parece constatarse que la justicia penal de menores se encuentra hoy en una encrucijada -de la que tal vez no le sea fácil salir- en la que necesariamente se tienen que conciliar castigo y educación. Por un lado, desde determinados sectores secomprende y defiende un Derecho Penal juvenil cimentado sobre la idea de la personalidad del autor del delito más que sobre la gravedad del hecho en sí, mientras que otras instancias reclaman que sea el dato de la entidad delictiva el que se tome en cuenta. La comisión por parte de menores de algunos delitos graves y la resonancia que tales acontecimientos alcanzan en los medios de comunicación, con laconsiguiente alarma social, son, sin duda, factores que hacen que la segunda opción vaya ganando adeptos. Así se viene dejando sentir en los países occidentales entre los que Italia y España no constituyen una excepción En el primero de ellos, pese a que los datos estadísticos no parecen justificarlo, existen dos proyectos gubernamentales (C2501 y C2517) sobre la materia, de marzo de 2002, queproponen modificaciones de Derecho sustantivo y procesal en el sentido de una mayor severidad. En España, la situación no es diferente, pues tras la aprobación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante, L.O.R.P.M.), inspirada en una decidida orientación de prevención especial educativa, se han sucedido una serie de reformas –algunas...