Régimen de los bienes públicos en el proyecto de Código Civil y Comercial

Régimen de los bienes afectados a la prestación de un servicio público en el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial.

El artículo 243 del Proyecto de Código Civil y Comercial recepta, a grandes rasgos, un principio largamente sostenido por la doctrina y la jurisprudencia nacionales: la inembargabilidad de los bienes afectados a la prestación de un servicio público.
Sin embargo, utilizapara ello una fórmula sumamente ambigua y descuidada, que en caso de ser aprobada sin las pertinentes modificaciones probablemente haga naufragar la intención del legislador, sin beneficiar a ninguna de las partes involucradas en la relación jurídica de que se trata.
Establece el artículo 243 del Anteproyecto elaborado por la Comisión de Juristas, mantenido sin cambios por el Poder EjecutivoNacional en el Proyecto enviado al Congreso:
“Bienes afectados directamente a un servicio público. Si se trata de los bienes de los particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio.”
A simple vista se observa una redacción defectuosa, que no guarda correlato con la sencillez pregonada . Loque se quiere decir es que el “poder de agresión de los acreedores” (desafortunada expresión, como veremos) “sobre los bienes de particulares afectados directamente a la prestación de un servicio público” se encuentra sujeto a un predicado: “no puede perjudicar su prestación”. El yerro en la técnica legislativa probablemente se deba a que se ha continuado en este artículo con la redacción delprecedente artículo 242, según el cual “Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables…”.
Más allá de esta primera observación, la vaguedad del texto permite avizorar serias complicaciones en caso de que deba seraplicado, por lo cual debe ser corregido antes de su aprobación para evitar serios cercenamientos no sólo a los derechos de los usuarios y consumidores, sino incluso a la propiedad de los propios prestadores de servicios públicos.

1. Servicio público.
La naturaleza jurídica del concepto servicio público depende del régimen político en que se lo inserte. Si bien es una categoría necesaria en todoEstado moderno (que no puede carecer de ciertos servicios destinados al común de las personas, en pos del bienestar general), sus caracteres son contingentes, según el ordenamiento jurídico vigente formal y sustancialmente en cada sociedad.
La Constitución Nacional no define la noción de servicio público, pero impone a las autoridades en su art. 42 el deber de proveer al control de su calidad yeficiencia, lo que implica el reconocimiento del derecho de los usuarios a un nivel de prestación tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida, al tiempo que da parámetros de la correcta satisfacción de dicha necesidad pública.
Cuando hablamos de servicio público nos referimos a la prestación esencial que cubre necesidades públicas o de interés comunitario, que explicita las funciones-finesdel Estado, de ejecución per se o por terceros, mediando concesión, licencia, permiso, autorización o habilitación, pero siempre bajo fiscalización estatal.
El servicio es una organización de medios para una actividad o función estatal, y el término público es indicativo de la condición del sujeto titular (personas públicas); del fin del servicio (público); del régimen jurídico al que se somete(Derecho público); y de los destinatarios o usuarios (el público).
En consecuencia, no sólo son servicios públicos los comúnmente denominados “domiciliarios” (distribución de energía eléctrica, de gas natural, telefonía, agua potable) sino también el transporte, la educación, la salud, la seguridad, entre otros servicios dirigidos a necesidades comunes que puede ser satisfechas tanto por el...