Sala politico

SALA POLITICO ADMINISTRATIVA SENTENCIA Nº 36, 21/01/2009.
Conforme se aprecia de las actuaciones anteriormente relacionadas, ha transcurrido más de un (1) año desde la oportunidad en que fue decretada la ejecución forzosa (decisión S.P.A. Nro. 01017 de fecha 14 de junio de 2007) de la sentencia definitiva dictada en el caso, sin que se evidencie de las actas que integran el expediente que lademandada le hubiere dado cumplimiento a lo ordenado en dicho fallo y sin que conste información alguna respecto al crédito adicional al que hizo referencia la Procuraduría General de la República, mediante Oficio Nro. 000357 de fecha 10 de abril de 2008, en relación al cual esta Sala requirió, mediante auto para mejor proveer Nro. 073, publicado el 17 de julio del mismo año, los datos sobre su montoy fecha de pago.
En este orden de ideas, ante el advertido incumplimiento de la demandada respecto a lo ordenado en la sentencia definitiva dictada en este caso, resultan pertinentes las siguientes precisiones:
El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombrede la República por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias”. (Destacado de la Sala).
 
La norma constitucional anteriormente citada, confirma que la función jurisdiccional no se agota con el pronunciamiento del fallo sino consu efectiva ejecución y ello es así por cuanto la sola declaración de la voluntad concreta de la ley aplicada para resolver la controversia, es insuficiente para considerar satisfecha una pretensión de condena. En la misma línea de pensamiento, cuando el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia definitiva (en el caso se dictó el 27 de enero de 1994) se retrasa indefinidamente, ello atentacontra la tutela judicial efectiva.
La precedente conclusión es confirmada por lo previsto en los artículos 21 del Código de Procedimiento Civil (aplicable conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela) y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponen:
Artículo 21. “Los Jueces cumplirán y harán cumplirlas sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás autoridades de la República prestarán a los Jueces toda la colaboración que éstos requieran.” (Destacado de la Sala).
 
Artículo 10. “Corresponde al Poder Judicial conocer y juzgar, salvo las excepcionesexpresamente establecidas por la ley, de las causas y asuntos civiles, mercantiles, penales, del trabajo, de menores, militares, políticos, administrativos y fiscales, cualesquiera que sean las personas que intervengan; decidirlos definitivamente y ejecutar o hacer ejecutar las sentencias que dictare (...)”. (Destacado de la Sala).
            De manera que la tutela judicial efectiva, no seagota con el acceso a los tribunales y el derecho a obtener una resolución de la controversia, sino igualmente con la necesidad de que el fallo dictado sea cumplido y el demandante victorioso sea repuesto en su derecho; lo contrario sería convertir las sentencias de condena, en meras declaraciones de intenciones.
            En este orden de ideas, los órganos jurisdiccionales deben hacer cumplirsus pronunciamientos y procurar que la parte condenada satisfaga lo declarado en la sentencia definitiva.
Corroboran las precedentes conclusiones, lo establecido por esta Sala en sentencia Nro. 05122 de fecha 20 de julio de 2005, en la que entre otros aspectos se indicó:
 
“(...) Conforme quedó antes anotado con posterioridad a la última sentencia que esta Sala dictó en el presente expediente,...