Sanciones Administrativas

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
II. NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.
III. ¿ES POSIBLE ESTABLECER EXCEPCIONES LEGALES AL PRINCIPIO DE AUDIENCIA DEL INTERESADO?.
IV. DISTINCIÓN ENTRE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y PROCEDIMIENTOS SIMILARES.
1. Procedimiento sancionatorio vs procedimiento administrativo arbitral.
2. Procedimiento sancionatorio yactuaciones de policía judicial.
V. DERECHOS, GARANTÍAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.
1. Principio de legalidad de las infracciones y sanciones.
a. Exigencia de Ley previa y retroactividad de las normas sancionatorias más favorables.
b. El principio de tipicidad exhaustiva. Certeza de la norma sancionatoria.
a’. Normas sancionadoras en blanco.
b’. Normas que utilizanconceptos jurídicos indeterminados.
c. Colaboración reglamentaria en la tipificación de infracciones y sanciones.
2. Derecho a ser sancionado sólo por autoridades imparciales (separación entre órganos de instrucción y órganos decisorios).
3. Principio de culpabilidad.
4. Derecho de Presunción de inocencia.
5. Principio de prescripción.
6. Garantía de non bis in idem y prelación delpronunciamiento penal sobre el administrativo.
7. Derecho a la previa formulación de cargos.
8. Derecho a las pruebas.
9. Principio de proscripción de sanciones administrativas privativas de libertad.
BIBLIOGRAFÍA

I. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.


Las leyes que conforman el ordenamiento administrativo del Estado permiten, cada vez con mayor frecuencia, que órganos de laAdministración Pública apliquen a los administrados aflicciones por la realización de alguna conducta tipificada legal y previamente. En esos casos, nos encontramos en el campo de las sanciones administrativas.
La doctrina del Derecho Administrativo Sancionador se fundamentó, en sus orígenes, en la distinta naturaleza del bien jurídico protegido por los jueces penales, y el bien jurídico queresguardaba la Administración al ejercer el ius puniendi.
Se sostenía, en efecto, que mientras el derecho penal protegía el orden jurídico o el quebrantamiento de los bienes jurídicos individuales, el derecho penal administrativo entraba en juego ante el quebrantamiento de un fin administrativo (bien común). El derecho penal -afirmaba aquella doctrina- tiene por misión reprimir infraccionesconsideradas violatorias de deberes morales, mientras que el derecho penal administrativo sólo procura eliminar las trabas para la realización del bien público, siendo la pena una reacción de la administración contra el particular que no colabora adecuadamente en sus propósitos, de modo que aquella, la pena, nace del poder punitivo autónomo de la administración.
La corriente iusnaturalista sostenía, por suparte, que la diferencia entre el ilícito penal y el administrativo se encontraba en que el ilícito penal violaba tanto el derecho natural como el derecho positivo, mientras que la infracción administrativa suponía sólo la infracción del derecho positivo.
En la actualidad, la doctrina moderna considera que no existe diferencia de naturaleza entre el ilícito penal y la infracción administrativa,de modo que la decisión de reprimir un ilícito mediante la vía penal-judicial o la sancionatoria-administrativa, no atiende al bien jurídico tutelado, sino que se inscribe dentro de la “política legislativa” del momento, de allí que sólo existan entre una y otra diferencias formales, pues las penas judiciales son aplicadas por el Poder Judicial, mientras que las sanciones administrativas pertenecenal dominio de la Administración[1].
En nuestro régimen, la polémica sobre la naturaleza del ilícito administrativo, ha llegado incluso al Máximo Tribunal. El punto fue, en efecto, ampliamente abordado por la sentencia del 6 de marzo de 2001 (Caso: Cervecería Polar del Centro vs Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo), en la cual la Sala...