Sanciones a personas morales

Sanciones Penales a Personas Jurídicas: la opinión de Ortiz Quiroga.

En las últimas semanas hemos podido leer diversas contribuciones a la reciente ley aprobada sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre las que se destacan aquellas provenientes de la controversia planteada entre los profesores Enrique Cury y Jean Pierre Matus, el primero de ellos criticando su texto, alcrearse por su intermedio un derecho penal de resultado que abandona la culpabilidad como presupuesto de la pena; y el segundo, defendiendo su contenido y postulando por que en un futuro cercano la responsabilidad penal de las asociaciones no sólo se aplique a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos extranjeros, sino además a lacomercialización de productos nocivos para la salud o de contaminación ambiental severa.

El primer rasgo que ofrece la ley es la rapidez con que fue despachada, actitud funcional a la sana intención del Gobierno para facilitar la inclusión de Chile antes de fines de este año a la OCDE en carácter de miembro pleno. Esta premura ha pasado por encima de la costumbre y tradición de estudiar con tranquilidad y afondo los problemas que plantea un proyecto importante y sustancial como éste, pidiendo opinión previa a los expertos o informes analíticos sobre otros sistemas sustitutivos susceptibles de satisfacer los fines de la ley sin romper las estructuras básicas del Derecho Penal.

El segundo alcance que puede hacerse a la ley es que ésta dice relación con un tema muy polémico en Derecho Penal, en el quese enfrentan posiciones antagónicas que, en sus extremos —sin perjuicio de diversas opciones intermedias—, se manifiestan en dos orientaciones básicas. La primera, que sostiene que no puede existir responsabilidad penal, sino respecto de las personas naturales, únicas capaces de acción y de ser objeto de un reproche penal (capacidad para ser culpable) a lo que se añade que sólo ellas son capacesde sentir el mensaje de la pena, sea como sufrimiento, prevención o resocialización; y una segunda, que, bien sea atribuyendo dichas capacidades a la persona moral para actuar, ser culpable y sentir la pena, bien sea por otra vía de orientación pragmática, influida fuertemente por el Derecho Penal Corporativo de Estados Unidos, sacrifica dichas exigencias en aras de ventajas político-criminales.En nuestra tradición jurídica, la mayoría de la doctrina sostiene el principio “societas delinquere non potest”, considerando que el injusto penalmente relevante es sólo el que puede ser objetivamente imputado a una persona humana, sólo ésta es la que físicamente ejecuta o coejecuta la acción castigada, lo que por motivos obvios no puede hacer una persona moral, por la que actúan susadministradores o representantes. Sólo la persona humana puede ser jurídicamente “culpable”, concepto que requiere como presupuesto la sanidad y madurez mental del sujeto activo (imputabilidad), tener conciencia de la ilicitud de su actuar y de su propia libertad, de manera de estar en condiciones de ejecutar una conducta distinta de la ejecutada. Estas razones, entre otras, son las que ha informado nuestrosistema que se ha manifestado dogmáticamente en lo que dispone el Código de Procedimiento Penal y que repite el nuevo Código Procesal Penal en los artículos 39 y 58, respectivamente, al señalar que por las personas jurídicas responden las personas naturales que hayan intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria que pueda corresponderles a aquéllas.

Frente a latradición jurídico-cultural referida, la nueva ley, aun cuando diga relación sólo con ciertos y determinados delitos, implica un vuelco que, como subraya Cury, aunque con delimitados efectos prácticos, genera un problema crucial al permitir, ni más ni menos, la existencia de delitos sin culpa, a lo menos sin culpa al modo tradicional. Sus seguidores afirman, entre otras alternativas, la...