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excepción de inmunidad, sino que,
simplemente, obligaba al Tribunal de
instancia a comprobar, como era
obligado, si resultaba posible ejecutar
una Sentencia en la que se condenara
a la República de Sudáfrica. La hoy
recurrente no venía obligada a recurrir
en amparo contra la decisión del
Tribunal Supremo, pues con ella se
daba satisfacción a lo en ese momento
pretendido: La obtención deuna
resolución de fondo por parte de la
Magistratura. El problema de la
ejecución sólo podía plantearse en un
momento posterior, esto es, una vez
dictada sentencia condenatoria.
Además, los informes que habían de
requerirse aparte de partir de una
atípica interpretación del art. 7 del Real
Decreto 1654/1980 -que lo que
directamente regula es la invocación
por parte de la Abogacía delEstado de
la inmunidad del Estado español ante
tribunales extranjeros- y del art. 278.2
LOPJ -que lo que contempla es la
reciprocidad en materia de cooperación
jurisdiccional- no puede considerarse
que fueran vinculantes para el Juez,
quien podía decidir en último término lo
que considera pertinente. La demanda
no es por tanto, extemporánea.
Asimismo debe rechazarse la alegación
de larepresentación de la República de
Sudáfrica en el sentido de que si el
Magistrado de instancia hubiera
querido apartarse de la inmunidad de
ejecución derivada del tenor de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de diciembre de 1986, por entender
que los acuerdos bilaterales y usos y
prácticas internacionales vigentes de
aplicación al caso eran contrarias a la
Constitución, dicho Magistradodebiera
haber planteado cuestión de
inconstitucionalidad ante este Tribunal,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 35
LOTC. Debe rechazarse este
argumento porque, como ya ha
quedado expuesto, la Sentencia de 1
de diciembre de 1986 no juzgó ni
prejuzgó la cuestión de la inmunidad de
ejecución de la República de Sudáfrica
y, por ello, tanto el Magistrado, primero,
como el TribunalSuperior de Justicia,
después, se enfrentaron libremente al
problema y entendieron, en uso de la
discrecional facultad que los arts. 163
CE, 35 LOPJ y 5 LOPJ les conceden
(vid. AATC 275/1983 y 791/1984, entre
otros) que no procedía plantear
cuestión de inconstitucionalidad.
En lo que a presunta infracción del art.
14 de la Constitución se refiere, tanto la
alegada falta de invocación de dichoprecepto en la fase judicial antecedente
-tal y como señala la representación
procesal de la República de Sudáfrica-,
como la falta de argumentación sobre
el particular en la demanda -aspecto
este señalado por el Ministerio Público-
, excusan de entrar en el análisis de
dicho motivo de impugnación.
Así las cosas, el examen de la cuestión
planteada debe constreñirse a la
posiblevulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva por parte de la
resolución judicial impugnada.
2. Entiende la demandante que la
Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 8 de febrero de
1990, al haber admitido la inmunidad
absoluta de ejecución de la Embajada
de la República de Sudáfrica, ha
vulnerado su derecho a la tutela judicial
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Derecho Internacional Público
yRelaciones Internacionales
DOSSIER DE PRÁCTICAS
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
CURSO 2013-2014
efectiva y a no padecer indefensión,
por no haberse interpretado
restrictivamente el privilegio de
inmunidad de los Estados en materia
de contratos de trabajo. A su juicio, no
existe base legal para admitir la
inmunidad de ejecución frente a la
sentencia laboral favorable a sus
intereses,habiéndose vulnerado el
derecho a la tutela judicial en su
vertiente de derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales
(SSTC 32/1982, 61/1984, 67/1984,
109/1984, entre otras muchas).
También el Ministerio Fiscal es del
parecer de que -a la vista de la práctica
internacional de la naturaleza privada
de la relación laboral y de la decisión
del Tribunal Supremo (STS de 1 de
diciembre de...