Secuestro

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente explicados con relación al interrogante:” ¿Conserva el secuestrado derechos laborales frente a su empleador, durante el tiempo que dure el secuestro?” de la presente línea jurisprudencial.
Particularmente creemos que es viable que el secuestrado en el proceso concreto del secuestro tenga derechos laborales, ya que dando respuesta se consigue expresarque se aprobó la ley de protección a los secuestrados y sus familiares, cuyo texto pretende suplir los vacíos legales existentes y avanzar con pie derecho en esta materia.
Existe probablemente una lógica en la selección de los secuestrados: las víctimas más frecuentes son hombres cabeza de hogar, los que originan el caos de la economía familiar y convierte a las mujeres dedicadas al hogar y a sushijos en las otras víctimas silenciosas de este atroz delito.
Se ha podido ver, que casi el 70% de los secuestrados son personas casadas o en uniones de hecho, cuyo secuestro afecta a igual porcentaje de familias. Incluso, dentro del 30% de solteros secuestrados, algunos aportan recursos al sostenimiento de sus padres.
Así, los hogares no solo pierden o ven reducidos sus ingresos, sino quequedan en la concurrencia de conseguir los recursos para pagar el rescate o continuar con el pago de las obligaciones cotidianas, como lo son: cuotas hipotecarias, educación, servicios, alimentación, entre otras.
En consecuencia, el desajuste del secuestro es en muchos casos económico y no político.
Muchas familias encontraron en la tutela un alivio para sus problemas. En los últimos años, la CorteConstitucional fue pionera en proteger a las víctimas del secuestro, hasta crear una línea jurisprudencial sobre este tema.
Los primeros casos en tutelarse fueron los pagos de salarios a las esposas de los empleados secuestrados, del sector público.
En estas providencias, la corte creó la doctrina del secuestro como un hecho provechoso a la fuerza mayor o al caso inesperado, que sirvió de puntode partida para su jurisprudencia, en este caso se ostenta en la sentencia T 015-95 donde asentamos como punto de partida la investigación. Así, se ha destacado en la debilidad de estas familias y el deber de solidaridad frente a ellas.
En estos fallos, se sostuvo que el principio de solidaridad obliga a las entidades financieras a brindarles un trato considerado a los deudores secuestrado,incluso después de su liberación.
Por ejemplo, desde 1995 la Corte se ha pronunciado en torno a las garantías que deben brindarse a los secuestrados y sus familias respecto al mínimo vital. En efecto, en la sentencia T- 015 de 1995, tras amparar los derechos invocados en esta, se ordenó el pago de los salarios hasta después de transcurridos dos años, pues luego de ese término se puede iniciar elproceso declarativo de muerte presunta.
Luego se expidió la Ley 282 de 1996 tratada anteriormente, en la que se dispuso el pago de salarios y prestaciones sociales al curador de los bienes del secuestrado hasta por cinco años a través de un seguro colectivo, que no se contrato por falta de recursos.
A partir de la sentencia C-400 de 2003, la polémica en torno a la distinción en cuanto a las medidasde protección, entre las víctimas del secuestro y la desaparición forzada, quedó solventada. En ese momento, la Corte consideró que no era constitucionalmente válida la diferencia de trato prevista entre trabajadores públicos y privados, ni la diferencia en cuanto al término de duración del derecho al pago de salarios según se tratara de un secuestro o de una desaparición forzada.
Además uno delos mayores avances se dio con la expedición de la Ley 589 del 2000 y la Sentencia C-400 del 2003, que consagraron el pago de salarios u honorarios a los empleados públicos y privados, en la cual se explica que el empleador debe pagar retribución salarial, ya sea una empresa particular o el Estado hasta que se produzca la liberación del retenido; esta ley es retroactiva, es decir, todos los...