Selva mineria

Recordarán el reciente caso de los Embera Katío en el Chocó colombiano, que fueron bombardeados por el ejército colombiano. Ahora, Salva la Selva ha sabido que la Corte Constitucional falló en una esperanzadora sentencia a favor de los Emberas de los resguardos Uradá -Jiguamiandó y Murindo, y las zonas humanitarias de las comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó. La sentencia reconoce laespecial significación cultural, material y espiritual del territorio indígena y ordena detener la concesión, realizar estudios de impacto ambiental y consultar con las comunidades.
La sentencia de la Corte Constitucional ampara los derechos fundamentales de las comunidades afectadas e invocados por las propias comunidades que presentaron la denuncia. Estas alegaban que el territorio habitado porcomunidades indígenas y afrocolombianas y rico en biodiversidad única resulta amenazado por el proyecto minero. La economía tradicional base de la supervivencia, los cultivos, los animales y la salud de las personas se ven impactadas por el proyecto. Además, se señalaba el hecho de que las comunidades no han sido consultadas debidamente por el Ministerio del Interior y por la empresa minerainteresada, y que por el contrario, un proceso de Consulta previa ilegítimo fue escenificado, por personas sin autoridad para otorgar su consentimiento para este tipo de proyectos que fueron presionadas por la empresa.
Ahora, la Corte Constitucional dispone que se suspendan las licencias de exploración y explotación minera en el proyecto Mandé Norte en los departamentos de Anioquía y Chocó deexploración y explotación de oro, molibdeno, cobre y otros minerales, hasta que no finalicen los estudios de impacto ambiental y se realice la consulta previa de manera adecuada. El Ministerio de Defensa deberá analizar por qué la presencia militar hace senir inseguros a los indígenas. La Defensoría del Pueblo deberá apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento del fallo.
Sólo se efectuó la consultacon algunas dirigencias indígenas y afrodescendientes interesadas, y no siempre a través de representantes válidamente acreditados
La sentencia de la Corte Constitucional otorga enorme importancia a la consulta previa de las comunidades indígenas, señalando repetidamente que esta tiene carácter fudamental y está contemplada en la Constitución colombiana. Esto es así, porque este tipo de proyectosimplica según el Relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas “cambios sociales y económicos profundos imprevisibles, imposibles de anticipar, y que comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambientetradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en algunos casos, abuso y violencia”(1).
“El Ministerio del Interior y de Justicia debió adelantar el proceso de consulta previa con todos los grupos que van a ser afectados con el proyecto minero, dándo amplias facilidades para que conozcan integralmente el proyecto y que todospudiesen participar, debidamente ilustrados, lo cual en este caso no se dió”, así la sentencia (2).
No hay por el momento un estudio válido de impacto ambiental
Sobre los Estudios de Impacto Ambiental que corresponde elaborar al Ministerio del Ambiente, la Corte Constitucional concluye que estos no se han efectuado “sobre todos los territorios afectados, y que lo realizado aún requiere revisióny ajuste, razón por la cual la ejecución del proyecto minero debe postergarse y aún cancelarse, si eso es lo que se deriva de las evaluaciones ambientales serias y objetivas que tiene que realizar, en protección de la naturaleza”. Por ello, se dispone que deberán realizarse estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental que el desarrollo minero pueda producir, difundiendo...