Sentencia 2863
Páginas: 5 (1092 palabras)
Publicado: 17 de octubre de 2015
¿Qué es la doctrina del efecto desaliento? [Chilling effect]
La sentencia 812/2015, de 17 de marzo, del Tribunal Supremo [1] resolvió los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales de la Generalitat y el Parlament de Cataluña [poderes ejecutivo y legislativo de esta comunidad autónoma] casando y anulando laresolución de la sala de lo penal de laAudiencia Nacional, de 7 de julio de 2014 (SAN 2863/2014) [2], que había absuelto a los acusados de cometer un delito contra las Instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita, tras una concentración ante el Parlament de Catalunya con ocasión de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para aquel año, en protesta por la reducción del gasto social, que tuvo lugar los días 14 y 15de junio de 2011. En esta sentencia encontramos una de las referencias más recientes a la denominada doctrina del efecto desaliento: La línea argumental que anima la sentencia recurrida, concluye con un juicio de ponderación de los bienes y derechos en conflicto que proclama la escasa lesividad de las acciones imputadas a los acusados y, al propio tiempo, la concurrencia de una causa dejustificación amparada en el ejercicio legítimo de un derecho (…) La absolución resulta obligada con el fin -se razona- de evitar lo que los Jueces de instancia denominan "el efecto desaliento", cuya extensión podría conducir a desincentivar el dinamismo de los movimientos sociales de protesta: "... es aquí donde la doctrina del efecto desaliento, pauta del juicio de proporcionalidad penal cuando seafectan derechos fundamentales, despliega sus efectos. Porque la sanción penal que no tuviera en cuenta que los acusados cuyos actos analizamos ejercían un derecho fundamental, enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política.
Más de medio centenar de resoluciones judiciales españolas citan estadoctrina; por ejemplo, la sentencia SJP 99/2014, de 5 de diciembre, del juzgado de lo penal nº 1 de Gijón (Asturias) [3] se refiere también a este asunto, mencionando el criterio del Tribunal Constitucional: La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conductasancionada sobrepasa las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto... disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada" (STC 88/2003, de19 de mayo y las en ella citadas sobre el "efecto desaliento").
En España, la recepción explícita de esta doctrina se produjo a finales del siglo XX con otra famosa y polémica resolución del Constitucional –el fundamento jurídico 20º de la sentencia 136/1999, de 20 de julio de 1999– donde se resolvió que: una reacción penal excesiva frente a este ejercicio ilícito de esas actividades puedeproducir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio legítimo de los referidos derechos ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales están imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente sancionada. (…) la exigencia de proporcionalidad de la reacción penal incluso respecto del ejercicio ilícito de laslibertades de expresión e información ha sido declarada no sólo por este Tribunal (por todas, STC 85/1992), sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todas, Sentencia del T.E.D.H. Tolstoy Miloslavsky, 13 de julio de 1995). De la Corte de Estrasburgo también suelen citarse los asuntos Nilsen y Johnsen contra Noruega, de 25 de noviembre de 1999; Fuentes Bobo contra España, de 29 de...
La sentencia 812/2015, de 17 de marzo, del Tribunal Supremo [1] resolvió los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales de la Generalitat y el Parlament de Cataluña [poderes ejecutivo y legislativo de esta comunidad autónoma] casando y anulando laresolución de la sala de lo penal de laAudiencia Nacional, de 7 de julio de 2014 (SAN 2863/2014) [2], que había absuelto a los acusados de cometer un delito contra las Instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita, tras una concentración ante el Parlament de Catalunya con ocasión de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para aquel año, en protesta por la reducción del gasto social, que tuvo lugar los días 14 y 15de junio de 2011. En esta sentencia encontramos una de las referencias más recientes a la denominada doctrina del efecto desaliento: La línea argumental que anima la sentencia recurrida, concluye con un juicio de ponderación de los bienes y derechos en conflicto que proclama la escasa lesividad de las acciones imputadas a los acusados y, al propio tiempo, la concurrencia de una causa dejustificación amparada en el ejercicio legítimo de un derecho (…) La absolución resulta obligada con el fin -se razona- de evitar lo que los Jueces de instancia denominan "el efecto desaliento", cuya extensión podría conducir a desincentivar el dinamismo de los movimientos sociales de protesta: "... es aquí donde la doctrina del efecto desaliento, pauta del juicio de proporcionalidad penal cuando seafectan derechos fundamentales, despliega sus efectos. Porque la sanción penal que no tuviera en cuenta que los acusados cuyos actos analizamos ejercían un derecho fundamental, enviaría un mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en las cosas comunes y del ejercicio de la crítica política.
Más de medio centenar de resoluciones judiciales españolas citan estadoctrina; por ejemplo, la sentencia SJP 99/2014, de 5 de diciembre, del juzgado de lo penal nº 1 de Gijón (Asturias) [3] se refiere también a este asunto, mencionando el criterio del Tribunal Constitucional: La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conductasancionada sobrepasa las fronteras de la protección constitucional del derecho, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto... disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada" (STC 88/2003, de19 de mayo y las en ella citadas sobre el "efecto desaliento").
En España, la recepción explícita de esta doctrina se produjo a finales del siglo XX con otra famosa y polémica resolución del Constitucional –el fundamento jurídico 20º de la sentencia 136/1999, de 20 de julio de 1999– donde se resolvió que: una reacción penal excesiva frente a este ejercicio ilícito de esas actividades puedeproducir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio legítimo de los referidos derechos ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales están imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente sancionada. (…) la exigencia de proporcionalidad de la reacción penal incluso respecto del ejercicio ilícito de laslibertades de expresión e información ha sido declarada no sólo por este Tribunal (por todas, STC 85/1992), sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todas, Sentencia del T.E.D.H. Tolstoy Miloslavsky, 13 de julio de 1995). De la Corte de Estrasburgo también suelen citarse los asuntos Nilsen y Johnsen contra Noruega, de 25 de noviembre de 1999; Fuentes Bobo contra España, de 29 de...
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