SENTENCIA 370 2012

SENTENCIA C-370 DE 2002
Referencia: expediente D-3751
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal.
Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil dos (2002).
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
en cumplimiento desus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango presentó demanda contra el artículo 33 (parcial), 69 (parcial) y 73 de la Ley 599 de 2000 o Código Penal.
Cumplidos los trámitesconstitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la normas acusadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No 44097 del 24 de julio de 2000, y se subraya la parte acusada
"LEY 599 DE 2000
(julio 24)
"Por el cual se expide el Código Penal"
ElCongreso de Colombia
DECRETA
(.......)
Artículo 33. Inimputabilidad. Es imputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado sutrastorno mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
(....)
CAPITULO CUARTO
De las medidas de seguridad
Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad:
1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada.
2. La internación en casa de estudio o trabajo.
3. La libertad vigilada
4. La reintegración al mediocultural propio.
(....)
Artículo 73. La reintegración al medio cultural propio. Cuando el sujeto activo de la conducta típica y antijurídica sea inimputable por diversidad sociocultural, la medida consistirá en la reintegración a su medio cultural, previa coordinación con la respectiva autoridad de la cultura a que pertenezca.
Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo quedependerá de las necesidades de protección tanto del agente como de la comunidad. La cesación de la medida dependerá de tales factores.
Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca razonablemente que no persisten las necesidades de protección.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad delrespectivo delito."
III. LA DEMANDA
La actora considera que las disposiciones demandadas vulneran los artículos 13, 29, 226 y 246 de la Carta.
La demandante explica que las normas acusadas suponen que la justicia estatal es competente para juzgar a los indígenas, a quienes se les reconoce como inimputables, si por su diversidad sociocultural no logran comprender la ilicitud de su conducta. Según suparecer, esa regulación desconoce las atribuciones de las autoridades indígenas, quienes, según el artículo 246 de la Carta, ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus normas y procedimientos. Considera entonces que "son las autoridades indígenas quienes investigan y juzgan las conductas presuntamente ilícitas de los miembros de su comunidad", y por endeesa potestad no puede ser trasladada a los jueces ordinarios.
De otro lado, la demandante considera que las normas acusadas son discriminatorias y vulneran el pluralismo, puesto que consideran a los indígenas inimputables, sólo por poseer "una cosmovisión diferente" y por no "no compartir los valores y sistema occidentales". Además, según su parecer, la reintegración del indígena a su medio...