sentencia constitucional

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1301/2002 - R 
Sucre, 28 de octubre de 2002 

Expediente: 2002-05071-10-RAC 
Distrito: Cochabamba 
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez 

En revisión la Resolución 036/2002 de 19 de agosto de 2002, cursante de fs. 86 a 87, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Cochabamba, dentro del recurso de amparoconstitucional interpuesto por Freddy Camacho Villarroel contra Antonieta Méndez de Baldivieso, Directora del Servicio Departamental de Educación y Fernando Loayza Angulo, Jefe de Unidad Jurídica del SEDUCA; alegando vulneración de los derechos a no ser juzgado por tribunales especiales y al debido proceso, previstos en los arts. 14 y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE); 

I. ANTECEDENTES CONRELEVANCIA JURIDICA 

I.1. Contenido del recurso. 

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2002, cursante de fs. 57 a 59 de obrados, el recurrente asevera lo siguiente: 

I.1.1 Hechos que motivan el recurso. 

Que mediante memorando 025205, fue designado Rector Institucionalizado del Tecnológico Agropecuario de Tarata, Nivel Superior, dependiente del Servicio Departamental de Educación(SEDUCA). Así, conforme a los arts. 5 y 49 del DS 23950 concordante con los arts. 15 y 17 de la Ley de Reforma Educativa (LRE) y su Reglamento contenido en DS 23968, cuyas disposiciones están contenidas en el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública aprobado por Resolución Ministerial 062/00 de 17 de febrero de 2000, se infiere claramente que tiene condición defuncionario público en la carrera administrativa, pero la recurrida instruyó al co-recurrido que le instaure proceso; empero, esta autoridad proveyó que en el citado Reglamento no existía Tribunal Disciplinario para procesarlo, haciéndose nombrar autoridad legal competente infringiendo el art. 1º DS 26237, pues en su caso, la entidad es el SEDUCA y su norma específica es la Resolución referida, perose le inicia proceso indebidamente al tenor del DS 26237 que modifica los arts. 11, 12-a), 15, 18, 21 y 22 DS 23318-A, dentro del cual pese a lo expuesto, formuló sus legales pretensiones, reclamos y recursos, pero no tuvo éxito, pues la ilegal autoridad dictó la Resolución 01/2002, suspendiéndole 30 días de sus funciones sin goce de haberes, contra la cual presentó revocatoria, que fue resueltapor Resolución 02/2002 sin definir sus fundamentos sobre el indebido proceso, por lo que interpuso recurso jerárquico que fue resuelto por la recurrida, quien sin deliberar en el fondo, mediante la Resolución 03/2002, ratificó la resolución impugnada, de modo que ha agotado todas las instancias no teniendo otra para dejar sin efecto su procesamiento indebido, pues debió ser juzgado por un TribunalAdministrativo conforme a los arts. 5 y 49 DS 23950 concordantes con los arts. 15 y 17 LFE, 34 y 36 DS 23968 y la Resolución Ministerial referida. 

I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados. 

Derecho a no ser juzgado por tribunales especiales y al derecho al debido proceso, previstos en los arts. 14 y 16 CPE. 

I.1.3 Personas recurridas y petitorio. 

Con esos antecedentesplantea recurso de amparo constitucional contra Antonieta Méndez de Baldivieso, Directora del Servicio Departamental de Educación y Fernando Loayza Angulo, Jefe de Unidad Jurídica del SEDUCA, pidiendo sea declarado procedente, disponiéndose: a) la anulación del indebido proceso al que fue sometido y nulas las resoluciones que en él se dictaron y b) pago de costas, daños y perjuicios. 

I.2 Audienciay Resolución. 

Instalada la audiencia pública el 19 de agosto de 2002, tal como consta en el acta de fs. 85, ocurrió lo siguiente: 

I.2.1 Ratificación y ampliación. 

El abogado del recurrente ratificó los fundamentos de la demanda y los amplió indicando que a consecuencia del proceso indebido el recurrente se encuentra suspendido sin goce de haberes. 

I.2.2 Informe de las autoridades...