Sentencia Falsa Alarma Molestias A Terceros

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El Subdelegado del Gobierno, en resolución de 13 Nov. 1997, impuso al actor una sanción de 10.000 pts. por infracción de la Ley de Seguridad Privada; interpuesto recurso ordinario ante el Ministerio del Interior, se desestimó por resolución de 12 May. 1998.

SEGUNDO: Por la representación de la parte demandante, antes mencionada, se interpuso recurso C-A,formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia anulando, por no ser ajustada a derecho, la sanción impuesta, imponiendo las costas a la Administración demandada.

TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella e interesando una sentencia,

CUARTO: Practicada la prueba propuesta, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fueevacuado por las partes.

QUINTO: Señalado día y hora para la votación y fallo, tuvo lugar la reunión del Tribunal en el designado al efecto.

SEXTO: Aparecen observadas las formalidades de tramitación.

Vistos los preceptos legales citados por las partes y los que son de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Son hechos constatados en el expediente administrativo que el 3 Jul. 1996el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife dispuso la incoación de procedimiento sancionador al recurrente por presunta infracción del art. 24.2º L 23/1992, de 30 Jul., sobre Seguridad Privada, en relación con el art. 154.3º apdo. a) de su Reglamento (RD 2364/1994), con fundamento en lo siguiente: "que siendo las 6'45 horas del día 19 May. 1996, los funcionarios actuantes levantan acta por falsaalarma en la c/ Antonio Vivancos Santillana, El Ramonal, capital, cuyo propietario es D. Antonio, DNI nº 56 como consecuencia de un mal funcionamiento de la misma, imputable a dicho establecimiento, ocasionando molestias a terceros y el desplazamiento innecesario de las Fuerzas de Seguridad para desactivar la mencionada alarma", hechos que dieron lugar a la resolución sancionadora del GobernadorCivil de 28 Ago. 1996, que, a su vez, fue anulada, en vía de recurso ordinario, por la del Director General de Política Interior, de 28 Abr. 1997, con cita del art. 103.1º L 30/1992, de 26 Nov., de P.A.C, y fundamento en que la instrucción del expediente correspondía a la Comisaría Provincial de Policía (art. 158.2º Regl. de Seguridad Privada) y no la Unidad de "Infracciones Administrativas" delGobierno Civil, recayendo nuevo acuerdo de incoación de 6 Jun. 1997, y tras los pertinentes trámites que resultan observados en el expediente remitido, concluyó con la resolución que hoy es objeto de revisión jurisdiccional.

SEGUNDO: La tardanza en más de seis meses que se ha producido en determinados trámites verificados dentro del primitivo recurso ordinario (11 Sep. 1996 la interposicióndel recurso y 28 Abr. 1997 la resolución del mismo) no puede servir de sustento a la prescripción que se invoca en el escrito de demanda, ya que es de aplicación al efecto lo proclamado por la STS 27 May. 1992, que expresa que solamente cuando en el seno de la vía administrativa dirigida a producir el acto sancionador surge una inactividad por plazo superior al señalado como de prescripción, podrádecirse que la potestad sancionadora se ha extinguido o decaído, sin que quepa en modo alguno trasladar el plazo prescriptivo a la vía administrativa de recursos frente a una resolución sancionadora impuesta en expediente en cuyo recurso no existió tal inactividad y ello porque en dicho supuesto la Administración ha perseguido oportunamente la infracción y la ha sancionado, sin incurrir enabandono prescriptivo, siendo así que lo acontecido después, en cuanto a tardanza en resolver el recurso de alzada, en nada afecta a la prescripción de la infracción, ya que la vía de recurso se orienta no a perseguir la infracción sino, simplemente, a determinar si el Órgano jerárquicamente inferior actuó con arreglo al ordenamiento jurídico y procede mantener, revocar o modificar el acuerdo...