Sentencia Laboral

1-2011
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las diez horas con
veinticinco minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil doce.
El presente proceso de amparo fue promovido por el señor Carlos José Hurtado Flores por
medio de su apoderado, el abogado Gustavo Adolfo Benítez Orellana, en contra del Fiscal
General de la República (en adelante, “elFiscal”), por la vulneración de sus derechos
fundamentales de audiencia y defensa, en relación con su derecho a la estabilidad laboral, y de su
derecho de petición.
Intervinieron en la tramitación de este amparo la parte actora y la autoridad demandada.
Analizado el proceso y considerando:
I. 1. El peticionario sostuvo, en su demanda y en sus escritos de subsanación de
prevenciones, que laboró en laFiscalía General de la República –en adelante “FGR”– desde el
día 8-I-2008 en el cargo de auditor de sistemas dentro de la Unidad de Gerencia y Tecnología.
Sin embargo, el 21-XII-2009 le comunicaron de manera verbal que por órdenes del Fiscal su
contrato de servicios personales no sería renovado para el año 2010, sin que previo a ello se le
hubiese tramitado el procedimiento disciplinario queestablece la Ley Orgánica de la FGR
(LOFGR), no obstante que se encontraba comprendido dentro del régimen de la carrera fiscal.
Por lo anterior, mediante escrito que presentó el día 23-XII-2010, le solicitó al Fiscal que
reconsiderara la decisión de no renovar su contrato de prestación de servicios o que le
manifestara por escrito las causas justificativas de su despido; pero hasta la fechano ha recibido
respuesta.
2. A. Por resolución de fecha 9-XII-2011 se admitió la demanda planteada,
circunscribiéndose al control de constitucionalidad de las siguientes actuaciones: i) la decisión
del Fiscal General de no renovar el contrato de servicios del señor Carlos José Hurtado Flores
como auditor de sistemas para el año 2010; y ii) la omisión atribuida a la citada autoridad deresolver la petición planteada por el demandante en el escrito presentado el 23-XII-2009.
Con dichas actuaciones se habrían vulnerado los derechos fundamentales de audiencia,
defensa, estabilidad laboral y petición del referido señor, dado que, aparentemente, este se
encontraba comprendido dentro del régimen de la carrera fiscal y gozaba de estabilidad en el
cargo, de conformidad con lo dispuesto enlos arts. 47 b) y 53 a) de la LOFGR y 5, 7 y 24 del
Reglamento de la Carrera Fiscal, por lo que la separación de su cargo debió ser precedida de la
1

tramitación del procedimiento disciplinario correspondiente en el que se le garantizara la
oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses.
B. En la misma interlocutoria, se declaró sin lugar la suspensión de los efectos de lasactuaciones reclamadas, por haberse ya consumado la primera y por tratarse de una omisión la
segunda. Además, se pidió al Fiscal General que rindiera el informe establecido en el art. 21 de la
Ley de Procedimientos Constitucionales –en adelante, “L.Pr.Cn.” –, el cual alegó que los hechos
que se le atribuyen en la demanda no son ciertos.
C. Finalmente, en dicha resolución se acotó que uno de los sujetosque intervienen en el
proceso de amparo es el Ministerio Público, mediante la figura del Fiscal de la Corte, de
conformidad con los arts. 17, 23, 27 y 30 de la L.Pr.Cn., quien es, en esencia, un delegado del
Fiscal General –según el art. 37 de la LOFGR– y forma parte de la Unidad de Asesoría de la
Dirección Superior de esa institución –de la cual uno de sus integrantes es el Fiscal General, deconformidad con el art. 6 del Reglamento Especial de la FGR–. Además, se apuntó que –de
acuerdo con la resolución emitida en el proceso de Amp. 682-2000, de fecha 3-V-2001– el Fiscal
de la Corte es un amicus curiae –“amigo del Tribunal”– que se encarga de dar una opinión
técnico jurídica en las distintas etapas en que interviene en el proceso; empero su opinión no es
vinculante.
En...