Sentencia Sobre Inmunidades

Fundamentos jurídicos de la STC (Sala 2a) 107/1992, de 1 de julio
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. El presente recurso de amparo se
fundamenta en la presunta infracción
de los arts. 14 y 24.1 de la
Constitución. Dado que tanto la
codemandada como el Ministerio Fiscal
ponen de manifiesto en sus escritos de
alegaciones la posible concurrencia de
sendas causas de inadmisión -que eneste momento procesal lo serían de
desestimación del amparo pretendido-,
procede examinar, con carácter previo
a cualquier consideración sobre el
fondo del asunto, la efectiva
concurrencia de los motivos de
desestimación denunciados.
La representación procesal de la
República de Sudáfrica sostiene que el
presente recurso de amparo es
extemporáneo, toda vez que la
sentenciaimpugnada no ha hecho más
que ejecutar en sus términos la
Sentencia del Tribunal Supremo de 1
de diciembre de 1986, de manera que
era esta última resolución la que debió
ser objeto en su día de un recurso ante
este Tribunal. Entiende, en efecto, la
República de Sudáfrica que la
imposibilidad de ejecutar la sentencia
dictada como consecuencia de la
inadmisión de la inmunidad dejurisdicción ya estaba implícita en la
sentencia del Tribunal Supremo que
ordenó a la Magistratura de Trabajo
entrar a conocer del fondo del asunto.
Y ello porque, en su fallo, el Tribunal
Supremo ordenaba a la Magistratura
evacuar consultas en el caso de que
dictara una resolución condenatoria, en
orden a la constatación de una
eventual inmunidad de ejecución en
beneficio de lademandada.
Semejante planteamiento debe
rechazarse, dado que la sentencia del 9
Tribunal Supremo no prejuzgaba la
existencia o inexistencia de una
excepción de inmunidad, sino que,
simplemente, obligaba al Tribunal de
instancia a comprobar, como era
obligado, si resultaba posible ejecutar
una Sentencia en la que se condenara
a la República de Sudáfrica. La hoy
recurrente novenía obligada a recurrir
en amparo contra la decisión del
Tribunal Supremo, pues con ella se
daba satisfacción a lo en ese momento
pretendido: La obtención de una
resolución de fondo por parte de la
Magistratura. El problema de la
ejecución sólo podía plantearse en un
momento posterior, esto es, una vez
dictada sentencia condenatoria.
Además, los informes que habían derequerirse aparte de partir de una
atípica interpretación del art. 7 del Real
Decreto 1654/1980 -que lo que
directamente regula es la invocación
por parte de la Abogacía del Estado de
la inmunidad del Estado español ante
tribunales extranjeros- y del art. 278.2
LOPJ -que lo que contempla es la
reciprocidad en materia de cooperación
jurisdiccional- no puede considerarse
que fueranvinculantes para el Juez,
quien podía decidir en último término lo
que considera pertinente. La demanda
no es por tanto, extemporánea.
Asimismo debe rechazarse la alegación
de la representación de la República de
Sudáfrica en el sentido de que si el
Magistrado de instancia hubiera
querido apartarse de la inmunidad de
ejecución derivada del tenor de la
Sentencia del Tribunal Supremode 1
de diciembre de 1986, por entender
que los acuerdos bilaterales y usos y
prácticas internacionales vigentes de
aplicación al caso eran contrarias a la
Constitución, dicho Magistrado debiera
haber planteado cuestión de
inconstitucionalidad ante este Tribunal,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 35
LOTC. Debe rechazarse este
argumento porque, como ya ha
quedadoexpuesto, la Sentencia de 1
de diciembre de 1986 no juzgó ni
prejuzgó la cuestión de la inmunidad de
ejecución de la República de Sudáfrica
y, por ello, tanto el Magistrado, primero,
como el Tribunal Superior de Justicia,
después, se enfrentaron libremente al
problema y entendieron, en uso de la
discrecional facultad que los arts. 163
CE, 35 LOPJ y 5 LOPJ les conceden
(vid. AATC...