Sentencia tribunal constitucional 167/2002. la revisión de la prueba en segunda instancia.

La sentencia en cuestión aborda un litigio por el cual los demandantes solicitaron al Tribunal constitucional el amparo por la vulneración de los siguientes derechos:
El primero de ellos fue la falta de motivación del auto por el que se solicitaba por el juez la intervención telefónica de los demandantes hoy en amparo, dado que dicha resolución no explicitaba todo y no obraba en poder del jueztodos los indicios racionales necesarios para solicitar una intervención de las comunicaciones. Se deberían exteriorizar entre otras circunstancias, los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas en el mismo, indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indiciosracionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, sospechas fundadas en alguna clase de dato objetivo.
El segundo de los derechos vulnerados, es una posible falta de control judicial en las escuchas, dado que en los autos no aparecen transcritas las conversaciones. La acusación cree que fue un control judicial verbal con la policía.
Vulneración del derecho a un proceso sin dilacionesindebidas: había durado unos 8 años, aunque eso sí, fue un proceso de especial complejidad.
Vulneración de la tutela judicial efectiva, porque valoraron las declaraciones prestadas en la fase de instrucción, en detrimento de las realizadas en el acto del juicio.
Se solicitó asimismo, la nulidad de pleno derecho de las entradas y registros en los domicilios de los demandantes en amparo, porque lasescuchas (que se considerarían nulas de pleno derecho) fueron el principal motivo por el que se acordaron esas ulteriores diligencias de entrada y registro. Existe una conexión antijurídica entre ambas pruebas, lo que lo obtenido en los domicilios de los demandantes deben ser pruebas no considerables en el proceso por vulneración de derechos fundamentales.
La más importante y la que es la que haasentado jurisprudencia posterior de Audiencias Provinciales, es la relativa a la vulneración de la presunción de inocencia por una prueba no válida sobre los cassetes.

Lo más importante es que en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal “ad quem” revisar lavaloración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción.
Esta limitación va vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías, tal y como establece el 24.2 CE. Por lo tanto, corresponde a los propios órganos judiciales interpretar las disposiciones de la LECr concernientes a la admisión de pruebas en la fase deapelación. En consecuencia, el TC acepta, por ser respetuosa con la limitación constitucional anteriormente citada que:
solo podrán practicarse en apelación aquellas diligencias de prueba que no pudieron proponerse en la primera instancia,
las que fueron indebidamente denegadas (siempre que se hubiere formulado en tiempo y forma la correspondiente reserva),
y las admitidas que no fueron practicadaspor causas que no sean imputables al apelante.
Se consideraría, a juicio del TC, compatible con la referida limitación constitucional, una interpretación que lleve a admitir la práctica en la 2ª instancia de pruebas de carácter personal ya realizadas en la 1ª, en el caso de que los recurrentes cuestionen los hechos declarados como “probados”.
En otro argumento, el TC proclama que «el respeto alo principios de inmediación y contradicción, que forman parte de un derecho penal con todas las garantías, exigían que el Tribunal de apelación hubiera oído personalmente a los demandantes de amparo en orden a llevar a cabo aquella valoración y ponderación».
Se ha de volver a practicar la prueba celebrándose la pertinente vista, con las debidas garantías de inmediación y contradicción.
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