Sentencia c- 228 del 2002

Sentencia C228/02

Referencia: expediente D3672

Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or

la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.

Actor: Ricardo Danies González
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT

Bogotá, DC., tres (3) de abril de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de laCorte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano Ricardo
Danies González demanda el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal
(Ley 600 de 2000).
Cumplidos los trámitesconstitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.

II. NORMA DEMANDADA
El texto de la disposición demandada es el siguiente:
Ley 600 de 2000
(Julio 24)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
(...)
“Ar tículo 137.Definición.
Con la finalidad de obtener elrestablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado
por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de
abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación
penal.
En todo proceso por delito contra la administración pública, será
obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica
de derecho público perjudicada. Si el representante legalde esta
última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la
República o las contralorías territoriales, según el caso, deberán
asumir la constitución de parte civil; en todo caso, cuando los
organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la
transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en
forma prevalente y desplazar la constituida por lasentidades
mencionadas.
Cuando la perjudicada sea la Fiscalía General de la Nación, estará a
cargo del director ejecutivo de la administración judicial o por el
apoderado especial que designe.”

III. LA DEMANDA
El actor solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la
norma demandada por ser violatoria de los artículos 13, 93 y 95 de la
Constitución, así como de losartículos 1 y 5 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y el Ciudadano (1789).
El primer cargo en contra de la norma demandada se basa en la vulneración del
principio constitucional de la igualdad, en lo que respecta al acceso a la
justicia. A juicio del demandante, la ley concede al sindicado “la libertad de
actuar directamente en la defensa de su causa, de suerte que está facultado paraaprehender directamente el expediente del sumario, y no obligatoriamente a
través de abogado”, mientras que impone al denunciante o al perjudicado,
“quien adquiere el apelativo de parte civil”, el deber de actuar por intermedio
de apoderado judicial, lo cual viola el principio de igualdad, “coloca a la parte
civil en situación de desventaja y deja al denunciante o al perjudicado en manos
deabogados inescrupulosos”.
En cuanto al segundo cargo, señala el actor que la norma demandada “premia
el delito” y “pone talanqueras, obstáculos para la defensa de sus derechos al
denunciante”, pues a la parte civil se le imposibilita conocer de las actuaciones
judiciales durante la etapa de investigación preliminar, por no ser parte en el
proceso y por cuanto esa información está cobijada por lareserva sumarial. A
juicio del demandante, esto es contrario a los artículos 93 y 95 numeral 4 de la
Constitución.
Solicita, en consecuencia, a la Corte declarar inexequible el artículo 137 del
Código de Procedimiento Penal y ordenar “el cumplimiento de la igualdad en
derechos de sindicado y denunciante, imputado y parte civil, en los procesos
penales con reserva sumarial para tener...