sentencia C-336 de 2007

ANALISIS
SENTENCIA C-336 DE 2007

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-*Ineptitud sustantiva de la demanda, Referencia: expediente D-6473 -Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 (parcial), 244 (parcial) y 246 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.Actor: Alejandro Decastro González, Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBATRIVIÑO. *ANTECEDENTES: En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Alejandro Decastro González solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de los artículos 14, 244 y 246 de la Ley 906 de 2004 “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Problema jurídico: Para el demandante lasexpresiones parciales que demanda son inconstitucionales por cuanto permiten la práctica de diligencias que afectan derechos fundamentales de las personas, como es el caso de la búsqueda de información confidencial en bases de datos, ya que estas por lo general se realizan sin contar con la autorización previa del juez de control de garantías y sin que la medida se encuentre prevista en lasexcepciones y el control previo que establece el artículo 250-2 de la Constitución. El legislador se ha arrogado la potestad de clasificar las medidas que demandan el control previo del juez de garantías (Art.246) a partir de la ubicación de la medida en la ley, prescindiendo del criterio valorativo determinante que es la afectación de derechos fundamentales y la regulación constitucional.CONSIDERACIONES Y RATIO DECIDENDI: La Corte Constitucional, al respecto y teniendo en cuenta que la Carta en el Art.250-3, faculta a la Fiscalía General de la Nación para asegurar los elementos materiales probatorios, señala que en caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización del juez que ejerza las funciones de controlde garantías para proceder. El artículo 250 de la Constitución al establecer las funciones ordinarias que cumple la Fiscalía General de la Nación, regula en sus tres primeros numerales algunas materias de particular relevancia en punto a establecer los límites constitucionales a las actuaciones del órgano investigador. Así, en su numeral 1° contempla lo concerniente a las medidas necesarias paraasegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la víctima. Estas medidas están, bajo el principio de reserva judicial de la libertad (art. 28 C.P.), sometidas al conocimiento del juez de control de garantías. Sólo de manera excepcional, y mediando la regulación legal que fije los límites y eventos en queprocede, la Fiscalía podrá realizar capturas. El numeral 2° del mismo precepto superior, confiere directamente a la Fiscalía la potestad de adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, actuaciones éstas sometidas al control posterior del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, a efecto de que se realice un control amplio eintegral de esas diligencias. El numeral 3° del artículo a su vez establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones, asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. De tales previsiones constitucionales se concluye que fue voluntad del Constituyente: (i) radicar en cabeza de los juecesde control de garantías la adopción de las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal; sólo excepcionalmente y previa regulación legal que incluya los límite y eventos en que procede la Fiscalía podrá efectuar capturas; (ii) facultar directamente a la Fiscalía para adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones,...