Sentencia C-509-99

SENTENCIA C-509 DE 1999
LEGISLADOR-Facultad para establecer títulos de idoneidad
En esta materia la regla general es la libertad y la excepción las restricciones. De modo que, si la ley no exige títulos de idoneidad, la profesión o el oficio deben poderse ejercer, claro está bajo la vigilancia y el control del Estado, el cual, a través de la Administración, está llamado a garantizar que con élno se cause daño a las personas ni se perturbe el orden jurídico. Justamente en razón de ese criterio constitucional, que hace prevalecer la libertad, la exigencia de títulos de idoneidad es una excepción de estricto alcance. Y, en garantía de aquélla, sólo el legislador está autorizado para prever los requisitos ordenados a la formación de los profesionales que deben obtener título, y parahacerlo indispensable con miras al ejercicio efectivo de la correspondiente actividad. La Constitución ha reservado esa competencia a la ley, motivo por el cual no puede la Administración asumirla total ni parcialmente. De allí que el artículo 84 de la Constitución exprese que, cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer niexigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio, principio recogido también, en materia de libertad de empresa, por el artículo 333 de la Carta.
POTESTAD REGLAMENTARIA-Alcance/POTESTAD REGLAMENTARIA Y AUTONOMIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
La Corte afirma que la potestad reglamentaria de las leyes, que se ha confiado al Presidente de la República, puede ser ejercida poréste en cualquier momento, con la sola restricción que le impone la propia Carta -y que es de índole sustancial-, consistente en que no es posible modificar, ampliar, adicionar, enervar ni suprimir por esa vía disposiciones que el legislador ha consagrado, pues el único objeto del reglamento consiste en lograr el cumplimiento y efectividad de la ley. No le es posible al Presidente, so pretexto dereglamentar la ley, introducir en ella mutaciones o alteraciones que desvirtúan la voluntad del legislador, pero, a la vez, no es permitido al legislador condicionr -como no lo ha hecho el Constituyente- el ejercicio de la potestad reglamentaria, que es permanente, y que se ejerce en la oportunidad y con los alcances administrativos que el Presidente escoja, según su criterio, sin sujeción a laanuencia, el visto bueno, el criterio o el concepto favorable de otro órgano.
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-302 de 1999 
Referencia: Expediente D-2269
Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992
Actor: Luis Carlos Alvarez Machado
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C.,según consta en acta del catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano LUIS CARLOS ALVAREZ MACHADO, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 7, 8, 11, 12 y 13 del Decreto 272 de 1998 y contra elParágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992.
Mediante Auto de fecha treinta (30) de noviembre de 1998, el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda por falta de competencia, en lo referente a la solicitud de inconstitucionalidad de los artículos 4, 7, 8, 11, 12 y 13 del Decreto 272 de 1998, dada su naturaleza.
En la misma providencia se admitió la demanda en cuanto a la solicitud de declarar lainconstitucionalidad del Parágrafo 2 del artículo 25 de la Ley 30 de 1992.
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver.
II. TEXTO
A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:
"LEY 30 DE 1992
(diciembre 28)
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior....