sENTENCIA C-519
Páginas: 14 (3488 palabras)
Publicado: 29 de julio de 2014
Sentencia C-519/99
DERECHOS DE AUTOR-Obligatorio reconocimiento
La Carta Política no exige que los autores cobren o recauden sus derechos de modo directo y, como a la vez el artículo 38 Ibidem garantiza la libre asociación, es permitido que las personas jurídicas por ellos constituidas, precisamente con miras a la defensa de sus intereses, obren como entes recaudadores de tales derechos,desde luego con la obligación -inherente a su objeto- de transferirles con exactitud lo recaudado. Por ello, cuando el artículo 73 de la Ley 23 de 1982 parte del supuesto de contratos celebrados por los autores o las asociaciones de autores con los usuarios o con las organizaciones que los representen -las que también están permitidas-, respecto al derecho de autor, por los aludidos conceptos,desarrolla la preceptiva constitucional. Y también lo hace cuando remite a las tarifas concertadas en los respectivos contratos, en relación con los derechos por el uso o explotación de las obras protegidas, anotando que esos estipendios tendrán aplicación siempre que no sean contrarios a los principios legalmente consagrados.
DERECHOS DE AUTOR-Protección
El legislador, a través de estemecanismo, que entra a regir solamente cuando la voluntad entre las partes no existe o no ha sido manifestada, ha buscado la protección de los derechos de autor, en desarrollo del artículo 61 de la Carta Política. De esta forma, la Ley ha creado una medida que entra a operar solamente de manera subsidiaria, pues tiene vigencia únicamente ante el silencio de las partes concernidas, y con el fin de velarpor el respeto al carácter patrimonial inalienable de los derechos de autor. Es en realidad un mecanismo que tiende a lograr la justicia, pues evita que haya un enriquecimiento sin causa por parte del usuario de la obra.
DERECHOS DE AUTOR-Fijación de tarifas
Debe decirse que la manera como la Administración desarrolle su atribución de fijar concretamente las tarifas escapa al presente juicio,que no recae sobre todos los aspectos específicos que haya de tomar la autoridad competente a manera de criterios con tal fin, sino sobre la autorización legal para suplir la voluntad de las partes, la que, se repite, no choca con los preceptos constitucionales, y sobre los criterios expresamente previstos en la norma -la categoría del establecimiento donde la obra se ejecute, la finalidad yduración del espectáculo-, los cuales, en concepto de la Corte, son perfectamente razonables y aparecen ligados, casi necesariamente, a cualquier modalidad de liquidación de los derechos de autor.
PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-No se comparan normas legales con decisiones de organismos internacionales
No es propio de los procesos de constitucionalidad comparar las normas legales con las decisionesproferidas por organismos internacionales -en este caso la 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-, sino la de verificar su conformidad con la Carta Política colombiana.
Referencia: Expediente D-2284
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZGALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER, quien se identifica con cédula expedida en Valledupar (Cesar), haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución Política, ha presentadoante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 y contra el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982.
Mediante Auto de fecha quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda en cuanto a la solicitud de declarar inconstitucional el artículo 25 del Decreto Reglamentario 3116 de...
DERECHOS DE AUTOR-Obligatorio reconocimiento
La Carta Política no exige que los autores cobren o recauden sus derechos de modo directo y, como a la vez el artículo 38 Ibidem garantiza la libre asociación, es permitido que las personas jurídicas por ellos constituidas, precisamente con miras a la defensa de sus intereses, obren como entes recaudadores de tales derechos,desde luego con la obligación -inherente a su objeto- de transferirles con exactitud lo recaudado. Por ello, cuando el artículo 73 de la Ley 23 de 1982 parte del supuesto de contratos celebrados por los autores o las asociaciones de autores con los usuarios o con las organizaciones que los representen -las que también están permitidas-, respecto al derecho de autor, por los aludidos conceptos,desarrolla la preceptiva constitucional. Y también lo hace cuando remite a las tarifas concertadas en los respectivos contratos, en relación con los derechos por el uso o explotación de las obras protegidas, anotando que esos estipendios tendrán aplicación siempre que no sean contrarios a los principios legalmente consagrados.
DERECHOS DE AUTOR-Protección
El legislador, a través de estemecanismo, que entra a regir solamente cuando la voluntad entre las partes no existe o no ha sido manifestada, ha buscado la protección de los derechos de autor, en desarrollo del artículo 61 de la Carta Política. De esta forma, la Ley ha creado una medida que entra a operar solamente de manera subsidiaria, pues tiene vigencia únicamente ante el silencio de las partes concernidas, y con el fin de velarpor el respeto al carácter patrimonial inalienable de los derechos de autor. Es en realidad un mecanismo que tiende a lograr la justicia, pues evita que haya un enriquecimiento sin causa por parte del usuario de la obra.
DERECHOS DE AUTOR-Fijación de tarifas
Debe decirse que la manera como la Administración desarrolle su atribución de fijar concretamente las tarifas escapa al presente juicio,que no recae sobre todos los aspectos específicos que haya de tomar la autoridad competente a manera de criterios con tal fin, sino sobre la autorización legal para suplir la voluntad de las partes, la que, se repite, no choca con los preceptos constitucionales, y sobre los criterios expresamente previstos en la norma -la categoría del establecimiento donde la obra se ejecute, la finalidad yduración del espectáculo-, los cuales, en concepto de la Corte, son perfectamente razonables y aparecen ligados, casi necesariamente, a cualquier modalidad de liquidación de los derechos de autor.
PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-No se comparan normas legales con decisiones de organismos internacionales
No es propio de los procesos de constitucionalidad comparar las normas legales con las decisionesproferidas por organismos internacionales -en este caso la 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-, sino la de verificar su conformidad con la Carta Política colombiana.
Referencia: Expediente D-2284
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982
Actor: Melkis Guillermo Kammerer Kammerer
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZGALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER, quien se identifica con cédula expedida en Valledupar (Cesar), haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Constitución Política, ha presentadoante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Decreto 3116 de 1984 y contra el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982.
Mediante Auto de fecha quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda en cuanto a la solicitud de declarar inconstitucional el artículo 25 del Decreto Reglamentario 3116 de...
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