Sentencia C
Páginas: 17 (4054 palabras)
Publicado: 24 de agosto de 2015
Sentencia C-083/99
ORDEN PUBLICO ECONOMICO-Noción
La noción de orden público económico hace referencia al sistema de organización y planificación general de la economía instituida en un país. En Colombia, si bien no existe un modelo económico específico, exclusivo y excluyente, el que actualmente impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra una marcada injerencia del poder públicoen las diferentes fases del proceso económico, en procura de establecer límites razonables a la actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés colectivo. En el sistema político colombiano, el orden público económico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y laintervención estatal que busca mantener el ordeny garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más débiles de la población.
ORDEN LEGAL ECONOMICO
El orden legal económico se constituye en objeto de tutela del derecho, particularmente del derecho punitivo, dado el interésque representa para el Estado su conservación. Ciertamente, resulta de singular importancia para la administración pública que el régimen económico establecido por la Constitución y la ley se desenvuelva en condiciones de normalidad, sin alteraciones, buscando asegurar la prestación de los servicios que de él se desprenden.
PANICO ECONOMICO
Partiendo del supuesto de que el bien jurídicoprotegido por la norma acusada es el orden público económico y no el interés particular, es evidente que el legislador, en cumplimiento de su función normativa, al castigar aquellas conductas fraudulentas que provoquen o estimulen el retiro del país de capital extranjero, ha procedido razonablemente y dentro del marco de la Constitución pues, antes que dejar sin protección laINVERSIÓNnacional, la cualgoza de una amplia tutela jurídica, lo que pretende es evitar que un sector importante de la economía -sector externo-, se retire abruptamente del país con grave perjuicio para laINVERSIÓN pública y privada.
INVERSIONISTANACIONAL-ProtecciónINVERSIONISTA EXTRANJERO-Protección
Con todo, podría pensarse que la disposición acusada crea un desequilibrio al interior del orden público económico por noincluir como ingrediente descriptivo del tipo la inversión nacional. Sin embargo, tal argumento no es de recibo toda vez que existe en el ordenamiento jurídico, particularmente en el campo del derecho sancionatorio, gran cantidad de disposiciones que, interpretadas sistemáticamente, amparan el proceso económico mediante la penalización de conductas que involucran directa o indirectamente lainversión nacional. La expresión acusada no establece discriminación alguna en perjuicio del inversionista nacional ni limita su acceso a la administración de justicia. No sólo por cuanto es el Estado y no el inversionista extranjero el titular del bien jurídico tutelado, circunstancia que descarta un posible test de igualdad, sino porque además, la norma está precedida de una justificación objetiva yrazonable que busca garantizar valores jurídicos reconocidos por el orden constitucional como lo son: la prevalencia del interés general, la participación de todos en la vida social y económica del país, la internacionalización e integración de las relaciones económicas y el intervencionismo de Estado en la economía.
Referencia: Expediente D-2144.
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 232 (Parcial) del Decreto 100 de 1980. “Por el cual se expide el nuevo Código Penal.”
Actor: José Eurípides Parra Parra.
Magistrado Sustanciador:
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano JOSE EURIPIDES PARRA PARRA, en...
ORDEN PUBLICO ECONOMICO-Noción
La noción de orden público económico hace referencia al sistema de organización y planificación general de la economía instituida en un país. En Colombia, si bien no existe un modelo económico específico, exclusivo y excluyente, el que actualmente impera, fundado en el Estado Social de Derecho, muestra una marcada injerencia del poder públicoen las diferentes fases del proceso económico, en procura de establecer límites razonables a la actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés colectivo. En el sistema político colombiano, el orden público económico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y laintervención estatal que busca mantener el ordeny garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más débiles de la población.
ORDEN LEGAL ECONOMICO
El orden legal económico se constituye en objeto de tutela del derecho, particularmente del derecho punitivo, dado el interésque representa para el Estado su conservación. Ciertamente, resulta de singular importancia para la administración pública que el régimen económico establecido por la Constitución y la ley se desenvuelva en condiciones de normalidad, sin alteraciones, buscando asegurar la prestación de los servicios que de él se desprenden.
PANICO ECONOMICO
Partiendo del supuesto de que el bien jurídicoprotegido por la norma acusada es el orden público económico y no el interés particular, es evidente que el legislador, en cumplimiento de su función normativa, al castigar aquellas conductas fraudulentas que provoquen o estimulen el retiro del país de capital extranjero, ha procedido razonablemente y dentro del marco de la Constitución pues, antes que dejar sin protección laINVERSIÓNnacional, la cualgoza de una amplia tutela jurídica, lo que pretende es evitar que un sector importante de la economía -sector externo-, se retire abruptamente del país con grave perjuicio para laINVERSIÓN pública y privada.
INVERSIONISTANACIONAL-ProtecciónINVERSIONISTA EXTRANJERO-Protección
Con todo, podría pensarse que la disposición acusada crea un desequilibrio al interior del orden público económico por noincluir como ingrediente descriptivo del tipo la inversión nacional. Sin embargo, tal argumento no es de recibo toda vez que existe en el ordenamiento jurídico, particularmente en el campo del derecho sancionatorio, gran cantidad de disposiciones que, interpretadas sistemáticamente, amparan el proceso económico mediante la penalización de conductas que involucran directa o indirectamente lainversión nacional. La expresión acusada no establece discriminación alguna en perjuicio del inversionista nacional ni limita su acceso a la administración de justicia. No sólo por cuanto es el Estado y no el inversionista extranjero el titular del bien jurídico tutelado, circunstancia que descarta un posible test de igualdad, sino porque además, la norma está precedida de una justificación objetiva yrazonable que busca garantizar valores jurídicos reconocidos por el orden constitucional como lo son: la prevalencia del interés general, la participación de todos en la vida social y económica del país, la internacionalización e integración de las relaciones económicas y el intervencionismo de Estado en la economía.
Referencia: Expediente D-2144.
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 232 (Parcial) del Decreto 100 de 1980. “Por el cual se expide el nuevo Código Penal.”
Actor: José Eurípides Parra Parra.
Magistrado Sustanciador:
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano JOSE EURIPIDES PARRA PARRA, en...
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