sentencia

SENTENCIA C 131 DE 1993
"Norma acusada: Decreto 2067 de 1991, artículo 2º en sus numerales 2°, 3°, 4° y 5°; y artículo 23 parcial "" Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado y contendrán:1. El Señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicaciónoficial de las mismas.
ARTICULO 23.- La doctrina Constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia.
Las modificaciones a la doctrina existente, deberán ser explicadas en la sentencia.
Sobre la solicitud de la inconstitucionalidad del artículo 23, que consagraque la doctrina de la Corte Constitucional se tendrá como criterio auxiliar obligatorio, el Procurador conceptúa que tal norma es inconstitucional con fundamento en los siguientes motivos:
Cuando la Corte Constitucional decide sobre un asunto de su competencia lo hace única y exclusivamente para el caso concreto, sin que sea posible que los argumentos expuestos o la doctrina enunciada en elcuerpo de la sentencia sea de obligatorio cumplimiento para las autoridades en casos distintos.
El titular del derecho es el ciudadano y no toda persona. En otras palabras, se excluye de este derecho a las personas jurídicas y a las personas naturales que no son ciudadanas: extranjeros, menores de 18 años, y los condenados a penas privativas de la libertad que aparejan como pena accesoria la supresiónde los derechos políticos.
El objeto del derecho es la salvaguardia del principio de la supremacía constitucional -art. 4° CP-, mediante la presentación de una acción pública de inexequibilidad -art. 241 CP-.
La ratio juris de estos contornos de los derechos políticos y la acción pública de inexequibilidad ya los ha establecido la Corte Constitucional.
afirman los actores que con tal normase viola el principio constitucional de las fuentes auxiliares de la actividad judicial, pues sólo la ley que emana del órgano legislativo es criterio imperativo obligatorio para el juez, mientras que la misma Constitución establece criterios auxiliares de la justicia, que son: la doctrina, la jurisprudencia, la equidad y los principios generales del derecho.
"La Corte Constitucional es competentepara conocer de esta demanda, por las siguientes razones:
Primero, el artículo 3° de la Constitución establece que todos los poderes constituídos derivan sus competencias de la Carta. Ello es la expresión propia de un Estado social de derecho -art. 1° CP-, en el que las competencias son regladas con el fin de evitar la arbitrariedad y permitir el control de los actos de los gobernantes.
Ahorabien, el artículo 23 transitorio de la Constitución facultó al Presidente de la República para que ""dicte, mediante decreto, el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
En virtud de tal autorización justamente se expidió el Decreto con fuerza de ley 2067 de 1991, objeto de la demanda que originó este proceso.
Por tanto es claro que algúntipo de control debe tener el Decreto 2067 de 1991.
Segundo, el artículo 241 de la carta dice que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, la cual con esta exigencia no es necesario ser experto en derecho constitucional ni mucho menos abogado. Es deber de toda persona ""cumplir con la Constitución"", según el artículo 95 de la Carta.Además el estudio de la Constitución es obligatorio, al tenor del artículo 41 de la Carta. En consecuencia, si todo ciudadano debe conocer -y practicar- la Constitución, cuyos valores y principios humanistas son el fundamento de la convivencia, es natural que el Decreto 2067 de 1991 exija que se indiquen las normas que el demandante en acción pública de inconstitucionalidad estima infringidas.
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