Sentencia

Jurisprudencia Constitucional


Número de referencia: 206/1992 ( SENTENCIA )
Referencia número: 206/1992
Tipo: SENTENCIA
Fecha de Aprobación: 27/11/1992
Publicación BOE: 19921223 [«BOE» núm. 307]
Sala: Pleno: Excmos. Sres. Rodríguez-Piñero, López, García-Mon, de la Vega, Díaz, Rodríguez, Gimeno, Gabaldón, de Mendizábal, González, Cruz y Viver.
Ponente: don Pedro Cruz Villalón
Númeroregistro: 1156/1989
Recurso tipo: Recurso de amparo.

TEXTO DEL DICTAMEN
Extracto:
1. Se reitera la doctrina de nuestra STC 108/1983 en relación con la manifestación específica que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene en la jurisdicción penal [F.J. 2].
2. Nuestra Constitución ha venido a incorporar el instituto de la inmunidad parlamentaria, que, en la medida en que puede suponer unaparalización, siquiera temporal, de la acción de la Justicia y, en su caso, del derecho fundamental a la tutela de los Jueces, aparece, «prima facie», como una posible excepción a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, el sometimiento de todos al «imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular» (Preámbulo de la Constitución) [F.J. 3].
3. La Constitución no es la suma y elagregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación del art. 1, a partir de la cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles [F.J. 3].
4. El sistema constitucional es ajeno a cualquierconcepción jerarquizada, de forma más o menos latente, entre sus contenidos «dogmático» y «orgánico». Derechos fundamentales y estructura democrática son ambos expresiones y soporte del mismo y único modelo de comunidad política que, desde sus orígenes, la Constitución representa [F.J. 3].
5. En la tarea de concretar un instituto característicamente vinculado a las condiciones históricas deafirmación y de consolidación del Estado de Derecho está implicado el legislador, a quien corresponde comprobar en qué medida las leyes procesales continúan adecuándose en su regulación a la norma constitucional vigente, y muy particularmente están implicadas las propias Cámaras integrantes de las Cortes Generales, no ya sólo a través de su potestad de establecimiento de sus propios Reglamentos (art.72.1 C.E.), sino sobre todo a través de su tarea constante de formación de unos usos parlamentarios que siempre han sido consustanciales al régimen parlamentario y, por ende, al Estado de Derecho. La experiencia y el examen del Derecho comparado demuestran que la mejor garantía de una aplicación constitucionalmente adecuada de estos institutos se encuentra en la autoridad de ese Derechoparlamentario de naturaleza y origen consuetudinario. En esa tarea ningún otro órgano constitucional puede sustituir a las propias Cámaras [F.J. 3].
6. El protagonismo de las propias Cámaras en la tarea de lograr un perfil, constitucionalmente adecuado, de la institución de la inmunidad parlamentaria en nuestro Derecho es absolutamente decisivo; pero sin olvidar nunca que también a ellas les alcanza lainterdicción de la arbitrariedad [F.J. 3].
7. Según nuestra STC 90/1985, el control que a este Tribunal Constitucional corresponde acerca de la conformidad de las decisiones adoptadas en ejercicio de la inmunidad respecto al art. 24.1 de la C.E., no puede llevarnos a revisar o a sustituir esa valoración, pero sí a constatar que el juicio de oportunidad o de intencionalidad se ha producido en lasCámaras, y ello de modo suficiente, esto es, en términos razonables o argumentales. De la existencia o inexistencia de semejante juicio depende, en efecto, que el ejercicio de esa facultad, potencialmente restrictiva del derecho a la tutela judicial, se haya realizado conforme a su propia finalidad y depende, por consiguiente, en el supuesto de que la decisión parlamentaria sea contraria a permitir...