sentencia




REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXPEDIENTE Nº 8873

Mediante escrito presentado en fecha 2 de marzo de 2011, los abogados RAMÓN IGLESIAS, CARLOS RAFAEL PÉREZ, GUSTAVO ADOLFO HANDAM, FREDDY ENRIQUE PÉREZ RIVERO, ANÍBAL NIETO y MARÍA DE LOS ÁNGELES TOLEDO, inscritos en elInstituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 3.444, 29.671, 78.275, 110.115, 110.114 y 74.891, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana , interpusieron ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, recurso contencioso administrativo funcionarial contra delacto administrativo de remoción contenido en la Resolución

Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, en fecha 10 de mayo de 2011, se admitió el recurso y se ordenó practicar las notificaciones y citaciones de ley.



ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

En el escrito contentivo del recurso alegaron los apoderados judiciales de la parte querellante como fundamento de supretensión, lo siguiente:


Denuncian que el acto recurrido adolece de la expresión sucinta de las razones de hecho y de derecho, a que se hace referencia tanto en la legislación positiva vigente como en la doctrina jurisprudencial, emanada del Máximo Tribunal, violándose flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,garantista del derecho de defensa y del debido proceso; artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, norma que en desarrollo de la norma constitucional exige la motivación de toda actuación administrativa, exigiendo la misma norma que todo acto debe contener y hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto.

Que la autoridad administrativa emisora delacto inmotivado, incumple con el requisito dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que ordena que todo acto debe contener la expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Pero es el caso que el acto que se impugna, sólo se limita a ordenar o resolver la remoción de surepresentada del cargo de Defensora Pública que venía desempeñando desde el año 2008, sin mencionar los motivos o fundamentos fácticos o jurídicos de dicha decisión, lo cual convierte al acto en inmotivado y acarrea su nulidad absoluta, en tanto que dicha ausencia arbitraria de motivación, la coloca en situación de total indefensión, al no poder conocer los motivos y/o razonamientos conforme a loscuales se le suprime su relación funcionarial, se le deja sin empleo y se le desconocen los derechos subjetivos que le corresponden, vulnerándosele flagrantemente sus derechos y garantías constitucionales.

Denuncian la violación del numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por cuanto la publicación del acto administrativo recurrido, se efectuó en la GacetaOficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.614, de fecha 11 de febrero de 2011, y el acto fue dictado en fecha 2 de febrero de 2011, y lo lógico y razonable era que su publicación se hiciera en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.607, correspondiente al 2 de febrero de 2011, afirmando que al ser un acto ineficaz por su publicación defectuosa o irregular,provoca indefensión a su representada; por cuanto se ve en la imposibilidad real de conocer con certeza la decisión

Igualmente denuncian que el acto impugnado incurre en violación de lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 19 “en su segundo aparte (sic)” de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, toda vez que la Defensa Pública ni siquiera tuvo la diligencia de revisar el expediente...