sentencia

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
 
            El 25 de enero de 2005, los abogados LUIS AMÉRICO PÉREZ, LUIS y JESSICA VOLWEIDER, en su carácter de Defensores Públicos y actuando en defensa de los derechos colectivos de los internos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país, de conformidad con lo establecido en el artículo 336.1 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela, interpusieron ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad contra el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, así como acción de Amparo Constitucional conjunta, conforme a lo consagrado en el único aparte del artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, envirtud de que esa norma de rango legal contraviene abiertamente las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 19, 21 y 272 de nuestra Carta Magna”.
            El 25 de enero de 2005, se dio cuenta en Sala y se acordó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.
 `f
En la oportunidad señalada, el Juzgado de Sustanciación admitió en cuanto ha lugar en derecho el recurso denulidad por razones de inconstitucionalidad del señalado artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenó notificar a los ciudadanos Presidente de la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República y Procuradora General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánicadel Tribunal Supremo de Justicia y 84 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República, respectivamente, y emplazar a los interesados mediante Cartel. Igualmente ordenó abrir el correspondiente cuaderno separado y su remisión a esta Sala, a fin del pronunciamiento respeto de la procedencia de la acción de amparo propuesta por los recurrentes.
El 26 de enero de 2005, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del recibo del correspondiente cuadernoseparado y se designó ponente al Magistrado Luis Velásquez Alvaray, a objeto de la decisión respectiva. 
Mediante sentencia del 8 de abril de 2005, esta Sala, en razón de que los recurrentes solicitaron “la desaplicación por parte de los Tribunales de Ejecución de los Circuitos Judiciales Penales de la República, del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, con efecto erga omnes a todos losinternos recluidos en los distintos centros penitenciarios del país”, toda vez que, el sentido y alcance del dispositivo legal impugnado “está dirigido a establecer ‘limitaciones’ al ejercicio del derecho al acceso a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, para los penados (…) menoscaba los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (…) efectúa unadiscriminación de los penados con base en los delitos por los cuales han sido condenados…”, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánicadel Tribunal Supremo de Justicia, suspendió la aplicación del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en el presente caso y, en consecuencia, ordenó la aplicación -en sentido estricto- de la disposicióncontenida en el artículo 501 eiusdem.
18 de abril de 2005, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue retirado, publicado y consignado por los recurrentes, en el lapso legal correspondiente.
El 10 de octubre de 2006 y 26 de abril de 2007, la  Fiscal Quinta del Ministerio Público con competencia para actuar ante esta Sala, mediante escritos presentados al efecto, solicitópronunciamiento respecto del decaimiento del objeto en la presente causa “en razón de la reforma parcial del Código Orgánico Procesal, que se verificó en fecha cuatro de octubre de 2.006, (publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.536), mediante la cual, fue modificado sustancialmente el dispositivo legal cuya nulidad se pretende”.
Vista dicha solicitud, El el Juzgado de Sustanciación por auto del 31...