Sentencia

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DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE
A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA

CARLOS ANDRÉS NUÑEZ DE LEÓN

Facultad de Jurisprudencia.
Universidad Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario
2011

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INTRODUCCIÓN

La motivación para la realización del presente estudio parte de la creciente
asociación de figuras consagradas para el correcto y ágil funcionamiento de la
administraciónpública con el fenómeno de la corrupción. Una de ellas es la
delegación de funciones administrativas, categoría establecida por el
constituyente como uno de los principios de la administración pública a través
de los que se pretende la consecución del interés general y de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

La utilización de la delegaciónpara consumar actos de corrupción ha supuesto
un reto para el Derecho colombiano, por lo cual se han elaborado mecanismos
para evitar que este instrumento se utilice para encubrir o consumar delitos
contra la administración pública. Desafortunadamente esta situación ha
generado que la legislación y la jurisprudencia construyan mecanismos que de
manera cada vez más amplia han permitido imputarresponsabilidad al
delegante por actos del delegatario, lo cual ha convertido en letra muerta la
norma constitucional que exime de responsabilidad al delegante y han
transformado a la delegación en un instrumento cada vez más disfuncional y
por lo tanto inútil dentro de las entidades públicas.

De acuerdo a lo anterior, el problema jurídico que se aborda en esta tesis es
precisamente la dificultad dela delimitación de la responsabilidad del
delegante por actos realizados por el delegatario y la hipótesis que se plantea es
la necesidad de crear un modelo que evite que la delegación se convierta en un
instrumento que fomente la corrupción o la ineptitud de los directores de las
entidades públicas, pero que no desconozca las reglas básicas del derecho
administrativo ni los principiosfundamentales de la responsabilidad individual
del Derecho sancionatorio.

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En este sentido, la doctrina penal ha elaborado una figura jurídica que puede
resultar muy útil para delimitar la responsabilidad del delegante por actos del
delegatario en ámbitos de división de funciones: el principio de confianza. De
acuerdo al principio de confianza, quien cumple con las reglas de la actividad
que estárealizando tiene derecho a confiar en que los demás que participan en
la misma también lo hagan. Por lo anterior, se formula como hipótesis que si el
delegante cumple con sus deberes en la función pública tiene derecho a confiar
en la diligencia del delegatario.

Esta posición además no fomenta la impunidad del delegante, pues establece
una serie de criterios que delimitan su responsabilidad y queestablecen la
posibilidad de que no se aplique el principio de confianza cuando tiene indicios
que el delegatario no está cumpliendo con sus funciones, cuando no se cumple
con los requisitos de la delegación o cuando no se cumple con unos deberes
mínimos derivados de la posición de garante del delegante sobre los actos del
delegatario.

En ese orden de ideas, el primer capítulo de este estudio tienecomo punto de
partida una aproximación jurídica al concepto de la delegación de funciones
administrativas,

comenzando

por

el

análisis

del

desarrollo

que

la

jurisprudencia y la doctrina le han dado al concepto de función pública y la
orientación constitucional que

vincula a la

delegación

de funciones

administrativas.

El segundo aspecto analizado en el primer capítulo se refiere alestudio de las
características de la delegación de funciones administrativas, especialmente a
los tópicos que han ocupado la atención de la jurisprudencia constitucional, tal
es el caso de la finalidad que motiva su existencia como categoría del derecho

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administrativo y su objeto. También, se abordan los requisitos y elementos de la
figura, por lo que se hará referencia a la autorización que debe...