SENTENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON 428/2011 DE 28 DE OCTUBRE

- ANTECEDENTES DE HECHO
La parte demandante es Don Placido. Es objeto de impugnación en el recurso jurisdiccional la resolución de 21 de enero de 2010 de la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León dictada en el expediente sancionador NUM000 por laque se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 3 de noviembre de 2006 del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León dictada en dicho expediente, por la que se impuso al recurrente la sanción 15.000€ y el requerimiento de la indemnización por beneficio económico obtenido de 1.174.770,96€, por una infracción de la Ley de Montes prevista en el artículo 67 f).
-FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Argumentos de la parte demandante:
Error en el autor de los hechos: “la Administración ha confundido a la Sociedad Áridos y Transportes Alberto Gil S.L. con Don Plácido”
Se pretende la caducidad y las faltas de los expedientes, dado que de los que obra en el expediente se extrae que la administración está consistiendo las extracciones (arranque de pinos y extracción de arena)y conocía los hechos y que se estaba a la espera de tener una posible legalización al tener solicitada autorización de Medio Ambiente y contar con la conformidad de la propietaria del monte  Por tanto, no hay intencionalidad.
Se acumulan hechos (tenía diversas sanciones), por lo que algunos se sancionarían dos veces
Que sobre la cuantía de la sanción de 15.000 €, que si bien dicha cuantía seencuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 74 de la Ley de Montes, pero la clasificación como falta grave es absolutamente artificiosa.
Argumentos de la Administración en la contestación a la demanda:
Esta alega que “los hechos por los que se sanciona al recurrente, modificación de la sustancia de la cubierta vegetal del monte eliminando la totalidad del arbolado y la capa de tierraque sustenta las especies leñosas y arbóreas, ellos se corresponden con los imputados al mismo en las denuncias del agente medioambiental, limitándose el recurrente a negar la autoría con apoyo en que es una persona física y la explotación de los recursos mineros la llevaba a cabo una persona jurídica Áridos y Transportes Alberto Gil S.L., lo que nada obsta para que el recurrente realizara laconducta sancionada, el hecho de que la explotación la llevase la empresa, ya que no se ha aportado prueba alguna de su falta de participación en los hechos referidos”.
Por lo que respecta a la supuesta tolerancia de la Administración, se establece que ella “en nada afectan al carácter infractor de la conducta del demandante”.
Además, la infracción cometida es continuada, por lo que la acumulación delas denuncias no implica indefensión alguna.
“En cuanto a la sanción impuesta, la intencionalidad se desprende del hecho de que el recurrente solicito autorización en el año 1998 y que en la propia demanda se reconoce que se estaba realizando el hecho con todos los permisos salvo el de Medio Ambiente y además se aporta documentación referida a otros procedimientos sancionadores por hechos similaresde los que deriva que el recurrente era conocedor de la necesidad de obtener autorización”.
Por lo que respecta a la indemnización, “la indemnización fijada se corresponde casi exactamente con el beneficio
- RESOLUCIÓN POR EL TRIBUNAL:
- Por lo que respecta a la autoría  “no cabe afirmar que exista ninguna confusión de la autoría y no cabe duda de que el denunciado es autor de los hechos y esel que aparece con el control y dominio de los mismos y dicha conclusión no se ve enervada por el testimonio de los dos testigos (propuestos por el demandante) antes citados, primero porque su relación de dependencia profesional hace dudar de la objetividad e imparcialidad de sus declaraciones y segundo de sus propios testimonios que han sido visionados en la correspondiente grabación no fueron...