Sentencia

1De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico en el caso sub lite se contrae a determinar si se encuentran demostrados en el plenario, los elementos de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Con tal fin, la Sala deberá esclarecer i) si le asistió razón al a quo para denegar las pretensiones acumuladas por las razones esgrimidas,ii) si se acreditó la antijuridicidad del daño alegado y iii) si el mismo le es imputable a las entidades demandadas

2 “4.1 Los fallos proferidos por los tribunales internacionales de derechos humanos, en ejercicio de la función jurisdiccional que le reconocen los [E]stados, no deben encontrar obstáculos en su cumplimiento y no deben tener oposición por parte de las autoridades encargadas decumplirlos. Los argumentos de derecho interno –sean estos de la índole que sean– no deben servir de pretexto para la mora en su acatamiento; el genio local no puede fungir como un falso espíritu protector para el Estado condenado internacionalmente, detrás del cual este pueda esconderse para no honrar sus compromisos internacionales”.
“De esta manera, la actividad jurisdiccional ejercida en materia deprotección de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana, se erige como un mecanismo que desarrolla el reconocimiento del respeto de la dignidad humana, principio fundamental previsto en el artículo 1º de la Carta, y el de primacía de los derechos inalienables de las personas, establecido en el 5º constitucional. De igual forma,ampara los valores contenidos en el artículo 2º de nuestra Constitución, en especial en cuanto garantiza la efectividad de los derechos de las personas”.

4 Por los motivos que pasarán a desarrollarse enseguida, considera la Sala que un entendimiento encaminado a debilitar el carácter vinculante de las obligaciones contraídas voluntariamente por el Estado colombiano en materia de protección dederechos humanos por el hecho de no existir en el ordenamiento una cautela como la prevista en el artículo 93, aunque plausible, resulta jurídicamente inadmisible, especialmente, cuando el asunto que se juzga involucra graves violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que el objetivo y razón de ser de los pactos internacionales sobre derechos humanos consistió en elevar a la categoría deobligación jurídicamente vinculante lo que el consenso de un gran número de países estimaron configura el compendio mínimo de derechos, sin la protección de los cuales, un Estado difícilmente podría afirmar que respeta la dignidad de las personas que lo habitan. Tanto es ello así que, a la par de los tratados, se creó una institucionalidad encaminada a hacer judicialmente efectivos esos derechos, entre losque se encuentra el de ser juzgadas las personas por jueces de los que sea dable afirmar y, pueda sin asomo de duda esperarse, que van a adoptar una decisión en derecho, libre de prejuicios, de manera autónoma e independiente. Es precisamente en ese contexto que la pregunta sobre la independencia de los tribunales militares para juzgar conductas no relacionadas con la actividad militar y, enparticular, graves violaciones de derechos humanos, adquiere especial relevancia. Se sabe que Colombia, al igual que muchos países del mundo, ha reconocido la existencia de una jurisdicción militar y ello desde los comienzos de su historia. En ese sentido, se ha llamado la atención acerca de que –se mantienen las notas a pie de página en el texto citado–31:
De esta suerte, la decisión emitida por untribunal militar juzgando a integrantes del ejército o de la policía a los que se les ha imputado la comisión de graves violaciones de derechos humanos en actuaciones no relacionadas directamente con el servicio militar debe calificarse como ilegítima, inconstitucional e incapaz de producir consecuencias jurídicas, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la de la Corte Suprema...