Sentencias de consumo

En efecto, sin desconocer que en la parte introductoria del libelo el actor de manera explícita dijo presentar “demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual e indemnización de perjuicios” y que tanto en las pretensiones como en la causa petendi hizo referencia al contrato a través del cual él adquirió los artículos que le causaron daño por su bajo vigor y deficiente poder degerminación, lo cierto es que del análisis de esa pieza procesal se encuentra que de ella también podía advertirse una reclamación como las que trata el decreto 3466 de 1982, que regula lo concerniente a la protección de los derechos del consumidor.

Desde esta perspectiva, sin pasar por alto que el demandante intituló su libelocomo de responsabilidad civil contractual, ni que en los hechos y pretensiones mencionó el contrato por medio del cual adquirió de Semillas & Semillas Limitada los referidos granos, ha de puntualizar la Corte que tampoco podía descartarse que su acción estuviera encaminada a hacer efectiva la responsabilidad a cargo de la demandada, en su calidad de productora de las mentadas especies, tal comolo percibió el ad quem, toda vez que del contenido integral de la demanda podía extractarse razonablemente que tal condición —la de productor— también constituía un soporte esencial de la reclamación, enderezada precisamente a que le fueran resarcidos los perjuicios derivados de la mala calidad de dichos elementos, representada en su poco vigor y bajo o casi ningún poder de germinación, supuestoque bien podría enmarcarse dentro de la normativa prevista por el artículo 11 del Estatuto del Consumidor, concerniente a la llamada “garantía mínima presunta” de bienes y servicios, según la cual se “entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de servicios la obligación a cargo del productor de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad”, en consonancia conel artículo 23 de la misma codificación, cuando al ocuparse específicamente de la “responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios” dispone, respecto de aquellos cuya calidad e idoneidad haya sido registrada, que ella será establecida de conformidad con los términos y condiciones allí previstos, y, en lo que toca con los que no hubieran sido objeto deregistro, que “bastará para establecer la responsabilidad por la mala o deficiente calidad e idoneidad, la demostración del daño”.

Precisamente, al amparo de este principio superior puede afirmarse que la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, habida cuenta de la posición de inferioridad o debilidad que ordinariamente ocupan en eltráfico mercantil y la asimetría que caracteriza sus relaciones jurídico-económicas con los distribuidores o fabricantes, no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial, puesto que, con independencia del vínculo jurídico inmediato que ellos pudieran tener con el sujetoque les enajenó o proveyó un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condición han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante, como quiera que este es quien ha gestionado, controlado o dirigido el diseño y elaboración del producto, entre otros aspectos, así como ha determinado ponerlo en circulación o introducirlo en el mercado, adquiriendo, porcontera, un compromiso en torno de la calidad e idoneidad del mismo, por lo que, desde luego, no puede resultar ajeno o indiferente a sus eventuales defectos o anomalías, ni a los peligros o riesgos que estos pudieran generar, como tampoco a las secuelas de orden patrimonial que llegaren a afectar a su destinatario final —consumidores o usuarios— o a terceros, con lo que queda claramente establecida...