Sentencias Del Tribunal Constitucional

En momentos en que se hace más evidente la oposición del gobierno a la aprobación de la Ley de Consulta, el Tribunal Constitucional acaba de expedir una importante sentencia que desarrolla el contenido de este derecho. El Tribunal, en el Exp. No. 00022-2009-PI/TC, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1089 que regula el Régimen TemporalExtraordinario de Formalización y Titulación de Previos Rurales. El argumento que invoca es que no había obligación de consultar y, en consecuencia, no se ha violado dicho derecho, pues el art. 3.1 del Reglamento del mencionado DL (R.S. 032-2008-VIVIENDA) dice que no se afecta a las comunidades campesinas y nativas.

Lo importante y relevante de esta sentencia es que reconoce y desarrolla el contenidoconstitucional del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, permitiendo y contribuyendo de forma sustantiva con la implementación del mismo. En efecto, en momentos en que el gobierno acaba de observar la autógrafa de ley aprobada por el Congreso -invocando argumentos poco consistentes, que solo evidencian una falta de voluntad política de aprobar la mencionada ley-, esta sentencia resultaoportuna y conveniente, pues brinda un marco de reglas y principios (etapas, fuentes normativas, marco interpretativo, medidas susceptibles de consulta, etcétera) que facilitan la vigencia y la implementación del derecho a la consulta en nuestro país. 
Las razones de la vinculatoriedad de esta trascedente sentencia las encontramos en el artículo VI del Título Preliminar del Código ProcesalConstitucional (Ley Nº 28237), que señala que “[l]os Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”; y de manera más específica, en el artículo 82 del mismo cuerpo normativo procesal, que precisaque “[l]as sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación” (subrayado nuestro).

Cuatro hechos nos convencen de que los pueblosindígenas tienen posibilidades de alcanzar protección de sus derechos a través de la exigencia judicial de éstos mediante los procesos constitucionales:

(i) existe un nutrido cuerpo de derechos de pueblos indígenas desarrollados fundamentalmente por el derecho internacional, y que han sido incorporados, con rango constitucional, en el ordenamiento jurídico interno; lo que permite que éstos desplieguentoda su fuerza normativa en sede interna. Nos referimos principalmente al Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH);
(ii) el sistema de justicia actual y el Poder Judicial, en concreto, a pesar de las críticas que le podamos hacer —no es el mismo Poder Judicial del gobierno de Fujimori Fujimori, doblegado por el poderpolítico— tiene mayor credibilidad y hay mayores signos de independencia e imparcialidad;
(iii) el desarrollo y la institucionalización de la justicia constitucional en el Perú. A pesar de las críticas que podamos hacerle a este Tribunal (por ejemplo, la sentencia contra el reparto de la píldora del día siguiente), estamos ante un órgano jurisdiccional que se ha convertido en un actor fundamental alinterior del Estado Constitucional de Derecho. Esto ha traído como consecuencia el inicio de un proceso de “constitucionalización” del ordenamiento jurídico y de la vida política; y,
(iv) tal como lo señalamos, la fuerza vinculante de las decisiones del TC. En un proceso ordinario la sentencia, en principio, sólo vincula a las partes; mientras que en un proceso constitucional, y cuando la...