Sentencias

Proceso No 23228

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No. 98

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008).

VISTOS

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de RAFAEL LIÑÁN GARCÍA en contra del fallo de segunda instanciaproferido por el Tribunal Superior del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que redujo a treinta meses de prisión la pena principal que por el delito de peculado por apropiación había impuesto el Juzgado Penal del Circuito de San Andrés en contra de la mencionada persona, y que confirmó dicha providencia en todo lo demás que fue objeto de impugnación.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL1. El 9 de agosto de 1999, en las oficinas de la sede regional en la isla de San Andrés de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del Instituto del Crédito Territorial, Belarmina Newlove de Acosta le entregó a RAFAEL LIÑÁN GARCÍA, contratista de la Unidad Cartera de dicha entidad, la suma de $1’081.197 en efectivo, con el fin de cancelar un crédito con garantíahipotecaria para construcción o mejora de vivienda que había adquirido con el Instituto de Crédito Territorial, ICT (ahora Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE).

Dicho pago, sin embargo, no fue registrado por el funcionario ni tampoco se ingresó a las arcas del INURBE.

2. Con base en la denuncia instaurada por Belarmina Newlove de Acosta, la Fiscalía General de laNación adelantó una indagación preliminar, ordenó la apertura formal de la investigación, vinculó mediante diligencia de indagatoria a RAFAEL LIÑÁN GARCÍA y calificó el mérito del sumario, acusándolo de la conducta punible de peculado por apropiación, de conformidad con lo establecido en los incisos 1º y 2º del artículo 133 del decreto ley 100 de 1980, Código Penal anterior, modificado por elartículo 19 de la ley 190 de 1995.

3. Ejecutoriada la resolución acusatoria, correspondieron las diligencias para su conocimiento en la etapa siguiente al Juzgado Penal del Circuito de San Andrés, despacho que una vez agotada la audiencia pública condenó al procesado como autor responsable del delito en comento a la pena principal de sesenta meses de prisión y $1’081.197 de multa, así como a la penaaccesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la principal. Así mismo, le concedió la prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad.

4. Apelada la sentencia tanto por RAFAEL LIÑÁN GARCÍA y su defensor (quienes sostuvieron que no estaba demostrada la relación funcional con el bienobjeto de apropiación) como por el representante del Ministerio Público (quien se mostró inconforme con la dosificación de la pena), el Tribunal Superior del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le halló la razón a este último y, mediante fallo de segunda instancia, revocó parcialmente el del a quo, en el sentido de reducir la pena principal a treinta meses de prisión, al igualque la accesoria de ley por idéntico término, y en consecuencia le concedió al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de treinta meses.

En relación con los argumentos de la defensa, sostuvo el ad quem que RAFAEL LIÑÁN GARCÍA no sólo tenía la calidad de servidor público debido a su cargo como contratista de la Unidad Administrativa EspecialLiquidadora de los Asuntos del Instituto del Crédito Territorial, sino que además se apropió del dinero entregado por Belarmina Newlove de Acosta en razón de sus funciones, pues, a partir de la reforma de la ley 190 de 1995, no se requiere para la configuración típica del delito de peculado por apropiación que se le haya entregado la guarda de los bienes en forma específica, sino genérica, y dentro de...