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Las sentencias aditivas
En este tipo de sentencias existe una decisión de estimación parcial que, luego de declarar inconstitucional una norma construida mediante interpretación, llega a crear una norma, por vía de sustitución o adición, con un significado opuesto a la norma declarada inconstitucional. Se incorpora un elemento nuevo al enunciado normativo, extendiendo la norma para que asuma unsupuesto de hecho no contemplado en sus inicios. Estas sentencias se utilizan solo cuando la solución alcanzada deriva necesariamente del juicio de constitucionalidad, no siendo admisible cuando existen diversas alternativas de solución posible, donde corresponde al legislador adoptar la solución que considere más adecuada.
Este tipo de sentencias constituye la muestra más clara del activismojudicial de los tribunales constitucionales, lo que supera su concepción tradicional de órganos que cumplen una función de expulsión de normas del ordenamiento jurídico y no de creador de ellas. Este tipo de sentencias son constitutivas, en la medida que ellas innovan en el ordenamiento jurídico.
Las sentencias aditivas adoptan dos modalidades.
A través de la primera, la omisión implicaba solouna laguna, la que es cubierta por la labor interpretativa del Tribunal Constitucional.
A través de la segunda modalidad, el Tribunal considera que una omisión derivada de la norma significa exclusión, por lo que la eliminación de la omisión implica incluir a aquellos que habían sido marginados o discriminados arbitrariamente con dicho precepto (sentencias integradoras).
Algunos ejemplos deestas sentencias que ante omisiones normativas cubren la laguna son las siguientes:
Por otra parte, el Tribunal Constitucional peruano, en sentencia de 1 de diciembre de 2003, ha precisado que "los silencios constitucionales no pueden ser interpretados como tácitas concesiones al legislador, a efecto de que expida regulaciones desvinculadas de la Norma Fundamental. Allí donde las normas reglasprevistas en la Constitución omiten precisiones, la ley o, en su caso, el Reglamento parlamentario están obligados a estipularlas, pero siempre en vinculación directa a las normas principio contenidas en la propia Norma Fundamental". Así sostiene que "el hecho de que el artículo 99 de la Constitución no precise cuál es el número para acusar constitucionalmente a los funcionarios públicos enumerados enla disposición, no implica que la regulación legal de la acusación constitucional pueda expedirse al margen del principio de razonabilidad, expresamente previsto en el artículo 200º de la Constitución y proyectado hacia todo el ordenamiento jurídico".
El Tribunal Constitucional peruano considera que "el inciso j), del artículo 89, vulnera el principio de razonabilidad, puesto que, a diferenciadel procedimiento aplicable al levantamiento de la inmunidad parlamentaria, regulado en el artículo 16 del Reglamento del Congreso, no establece el requisito de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso para levantar la prerrogativa funcional a que da lugar el antejuicio político, no obstante que, en lo que atañe al levantamiento del privilegio de los funcionarios estatales, tieneun objeto sustancialmente análogo". Así, continúa el Tribunal, "la omisión en que incurre el inciso j) del artículo 89 del reglamento Parlamentario (haber dejado de prever el requisito de la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso para levantar la prerrogativa funcional que supone el derecho a un antejuicio político) resulta atentatoria del principio de razonabilidad y, en talmedida, inconstitucional. Siendo así, este Colegiado estima que la disposición puede adecuarse al parámetro de control constitucional, a través de una sentencia interpretativa `integrativa'". El Tribunal Constitucional determina "que debe interpretarse que el número mínimo de votos necesarios para aprobar una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de...