Sergio Quincee

GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA Y DEL OFENDIDO
Jorge oJeDa velázquez
El apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos eleva al plano de garantía constitucional los derechos
de la víctima y del ofendido por el delito, a fin de que estos derechos se
ejerzan durante los procedimientos penales.
El Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, en su artículo141, reitera dichas garantías y agrega que en todo caso el juez, de oficio,
mandará citar a la víctima o al ofendido por el delito para que comparezca
por sí o por su representante designado en el proceso a manifestar en éste
lo que a su derecho convenga.
El título segundo, capítulo segundo, artículos 5o. al 13 de la iniciativa
de Ley del Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales,enviada por
el presidente Fox al Congreso de la Unión en marzo de 2004, puntualiza,
desarrolla y establece deberes al personal de la Policía Federal, el Ministerio Público y sus auxiliares, así como para el juez y su personal, respecto
del trato, protección, ejercicio, forma de reclamación de los derechos y
pago de la reparación del daño a la víctima o al ofendido; categorías jurídicas que, aligual que la doctrina,1 coinciden en diferenciar técnicamente a
la víctima del ofendido. Por víctima deberá entenderse a la persona titular
del bien jurídico lesionado o dañado; mientras que por ofendido se entenderá la persona que resienta la conducta que afecte o ponga en peligro su
esfera jurídica.
En los artículos o. al 13 de la iniciativa de Ley citada no se prevé
ninguna legitimaciónprocesal a la víctima ni al ofendido por el delito que
incida sobre el ejercicio de la acción penal, tales como la acción popular
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Rodríguez Manzanera, L., Victimología, 8a. ed., México, Porrúa, 2003, pp. 5-9.
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JORGE OJEDA VELÁzQUEz

para iniciarla o alguna acción privada subsidiaria para proseguirla, como
sucede en otros países.
Antes y después de la entrada en vigor de loscódigos adjetivos en cita,
la víctima ha participado en los procedimientos penales como coacusador,
esto es, como coadyuvante del Ministerio Público, quien sigue conservando el monopolio de la acción penal.
En los casos en los cuales haya sido cometido un delito perseguible de
oficio o por iniciativa de parte ofendida, el ciudadano o gobernado tiene
sólo la facultad de presentar denuncia oquerella, proporcionar información y algún otro medio de prueba útiles al órgano de acusación (artículos
11 y 118 del CFPP). Tales actos no dan derecho a los particulares a participar directamente en la investigación preliminar ni vinculan al procurador
general a tomar una decisión en el sentido que aquéllos desean, por lo que
bien puede el fiscal, archivar la acción penal iniciada aun enpresencia de
estos requisitos de procedibilidad. La víctima u ofendido que considere
ilegal un procedimiento de archivo puede impugnar tal decisión administrativa, a través del recurso interno de inconformidad, por vía jerárquica; y
luego, agotado este medio de impugnación, y dictada la última resolución
de no ejercicio de la acción, el de amparo indirecto.
La víctima, en el ordenamiento positivomexicano, es un minusválido del
derecho; a pesar de ello, no viene tratado con misericordia, sino rudamente.
En efecto, durante la averiguación previa, si se inconforma contra el no ejercicio de la acción penal, los agravios que expresen en el recurso de inconformidad o los conceptos de violación que expongan en el amparo indirecto
son estrictamente analizados, como se puede corroborar en lacontradicción
de tesis 57/2002-PS del 14 de mayo de 2003.2
2 “oFenDiDo en materia Penal. eS imProceDente la SuPlencia De la queJa a Su
Favor con FunDamento en la Fracción VI Del artículo 76 BiS De la ley De amParo, cuanDo comParezca como queJoSo en el Juicio De garantiaS. Al establecer

el citado artículo que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir
la deficiencia de...