setecia

49-2011
Inconstitucionalidad.

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las trece horas
del día veintitrés de enero de dos mil trece.
El presente proceso fue promovido por la ciudadana María Olimpia Jirón
Hilleprandt, conocida por María Olimpia Jirón Hillebrandt, para que se declare la
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 762, de 16-VI-2011,publicado el Diario
Oficial n° 115, tomo 391, de 21-VI-2011 (en lo sucesivo, “D.L. 762/2011”), mediante el
cual la Asamblea Legislativa eligió Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la
República (en adelante, “CCR”); petición que se basa en la supuesta transgresión a los arts.
2, 3, 11, 72 ord. 3° y 198 de la Constitución (en adelante: “Cn.”)
El Decreto impugnado prescribe losiguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Elígense en los cargos de: Presidente de la Corte de
Cuentas de la República, al Abogado Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Primer
Magistrado de la Corte de Cuentas de la República, al Abogado Javier Tránsito Bernal
Granados, y Segundo Magistrado de la Corte de Cuentas de la República, al
Licenciado en Administración de Empresas José Andrés Rovira Canales.
El Presidente yPrimer Magistrado han sido electos, para el período comprendido,
del 29 de junio del 2011, al 28 de junio del 2014; y el Segundo Magistrado ha sido
electo, para el período comprendido, del 9 de julio del 2011, al 8 de julio del 2014.
Los funcionarios electos, rindieron ante esta Asamblea, la protesta que establece el
artículo 235 de la Constitución, antes de tomar posesión de sus cargos”.

Enel proceso han intervenido la demandante, la Asamblea Legislativa como
autoridad demandada y el Fiscal General de la República.
Analizados los argumentos y considerando:
I. 1. A. Entre otros motivos que no fueron admitidos a examen, la actora manifestó
que el D.L. 762/2011 vulnera el art. 198 Cn. por carencia manifiesta de parámetros que
doten de contenido a los conceptos jurídicosindeterminados aludidos en la disposición
constitucional citada; pues entre los requisitos que establece para ser Presidente y
Magistrado de la CCR se encuentran la honradez y la competencia notorias. Si bien –dijo–,
no hay precepto normativo alguno que establezca qué se entenderá por tales términos, para
cumplir con el principio de legalidad en su vertiente positiva (art. 86 Cn.), es precisoestablecer cánones objetivos que hagan previsible la aplicación de conceptos de esa
naturaleza.
Así –agregó–, pese a la amplitud y vaguedad de las normas abiertas, ello puede
subsanarse mediante la exteriorización de cómo y a partir de qué puntos referenciales se ha
aplicado un concepto jurídico indeterminado a la realidad. Entonces, la exigencia de
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motivación legislativa cumple una doblefunción: (i) desde una perspectiva social se intenta
erradicar la arbitrariedad y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la sujeción de la
actividad pública al derecho; y (ii) desde un punto de vista individual, permite conocer las
razones o motivos por los cuales ha resultado afectado negativa o positivamente en su
esfera jurídica.
Ahora bien, en el presente caso –señaló–, los conceptosjurídicos indeterminados de
honradez y competencia notorias utilizados por el Constituyente debieron ser dotados de un
contenido mínimo demostrable que los hiciera objetivables; circunstancia que no se ha
llevado a cabo en el acto de elección por parte de la Asamblea Legislativa.
De esta forma –agregó–, el acto de elección cuestionado no cumplió uno de los
presupuestos básicos necesarios, pues nose establecieron los elementos a partir de los
cuales se tuvieron por acreditados los conceptos de honradez y competencia notorias en las
personas que resultaron electas.
Y es que –aseveró–, sorprende que las personas elegidas hayan sido consideradas
por la Asamblea Legislativa como honradas y de competencia notoria; ello, en tanto que,
por un lado, según lo manifestaron los respectivos...