Silencio De La Administracion Publica

“Silencio o ambigüedad de la Administración Pública”
(Artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Ley N° 19549 y su Reforma Ley N° 21.686)



El objeto del presente trabajo, es abordar mediante diferentes fuentes bibliográficas, el silencio de la Administración Pública frente al reclamo de los particulares que consideran vulnerado alguno de sus derechos.

Elprocedimiento actual establece que, según el artículo 10 de la Ley N° 19.549, cuando la Administración Pública calla, vencido el plazo correspondiente, el máximo es de 60 días, salvo norma en contrario, debe entenderse tal situación como una negativa a la petición del administrado; vencido ese plazo el interesado debe requerir pronto despacho, y si pasados 30 días la Administración Pública sigue sin expedirseal respecto, deberá considerarse que hay silencio de la Administración Pública, habilitando al administrado para recurrir por la vía judicial.

Cuando el administrado se siente afectado, por algún acto (individual o colectivo) emanado de autoridad pública competente para su dictado, inicia un reclamo administrativo, el cual debe ser presentado siguiendo las vías jerárquicas correspondientes,y contar con una resolución, en el mejor de los casos, a favor o una negativa, pero la administración se debe expedir acerca del reclamo de los administrados, en mi opinión, siempre, para dar o denegar un recurso, pero en cualquier caso considero que la respuesta no debe faltar, ya que es un derecho de todo administrado: “ser oído, ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión fundada delórgano estatal”. (Artículo 1, Inciso f, Ley 19549/72)

Considero que de existir silencio, el reclamante no sabría las razones que llevaron a la Administración a guardar silencio, si bien, como explicaré más adelante, el silencio de la Administración Pública es tomado como una “negativa”, al momento de presentarse en la Instancia Judicial, el agente no conoce los argumentos de dicha negativa, locual influye en sus argumentos en sede Judicial, dicho en otras palabras “le dijeron que no, porque no”.

Existe abundante doctrina al respecto, por ejemplo están quienes sostienen que el control judicial se ejerce con más presión, o rigurosidad sobre el administrado que sobre la Administración Pública. En tal sentido, podemos afirmar que con la sanción de la Ley 25.344 , la imposición de unplazo perentorio para accionar judicialmente contra la Nación en aquellos casos en que no se expidió sobre el reclamo de un particular, y el control judicial de oficio, del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda, constituyen dos ilegítimas ventajas a favor del Estado, que dejan al individuo en una situación de indefensión, frente a una Administración Pública inactiva ante suspeticiones y bajo el control de un juez que, en lugar de revisar la omisión del órgano, deberá controlar el obrar del particular.

De esta manera, el control judicial suficiente se ve inevitablemente reducido a los casos en que el reclamante haya sido muy cuidadoso, creando una desigualdad entre los que están acostumbrados a proceder ante la Administración Pública y aquellos inexpertos que seven inexorablemente perjudicados en su derecho, haciendo que estos últimos deban contratar los servicios profesionales de un abogado para que los asista en el trámite administrativo, cuando no debería ser así, y la Administración Pública debería tener la obligación de responder ante todas las requisitorias que se le formularan. Esta necesidad de contratar los servicios de un letrado, trae,implícitamente, una afectación al patrimonio del administrado, ya que éste deberá abonar los honorarios del abogado, y lo que es peor, si no cuenta con conocimientos o con asesoramiento jurídico oportunamente corre peligro de perder su derecho por el paso del tiempo.

El silencio en la Administración Pública implica el incumplimiento a un deber, en desmedro de la garantía del debido proceso...