sindicatos
Páginas: 6 (1487 palabras)
Publicado: 17 de noviembre de 2013
INTRODUCCION
Los derechos laborales de los funcionarios públicos, antes de la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa en 1970 (LCA), estaban sometidos a los vaivenes políticos, no existiendo garantías mínimas de estabilidad. Los gobiernos de turno, procedían a repartir los cargos dentro de la Administración Pública, entre sus seguidores como un preciado botín, con la consecuencianefasta de la implementación de condiciones laborales sometidas a caprichos y arbitrariedades, situación que resultaba favorecida por la exclusión del sector de Ley del Trabajo.
El sector laboralista ve reforzada su teoría de ejercicio pleno de los derechos colectivos, con la incorporación de los mismos al bloque de derecho sociales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de1999 (CRBV), sumado al auge doctrinario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientado en reconocer el derecho de la negociación colectiva del sector público, en atención a los estudios de los convenios 87 y 98, ratificados por Venezuela en 1982.
La Ley del Estatuto de la Función Pública de 2002 (LEFP), reconoce los derechos colectivos funcionariales en beneficio exclusivo de losfuncionarios de carrera, y para su ejercicio remite a la LOT, activándose nuevamente las disputas doctrinarias en torno a la laborización, pero ahora con nuevos matices, pues el constituyente en el artículo 144 estableció el régimen estatutario de la función pública y en los artículos 95, 96 y 97 contempló los derechos colectivos para todos los trabajadores sin distinción alguna.
LANEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
El fenómeno de la laboralización de la Función Pública, hace referencia a la penetración de instituciones propias del Derecho del Trabajo en el ámbito de la función pública. Lo que se patentizó con la promulgación de la LOT, al contemplar en el artículo 8, el derecho de la negociación colectiva, solucionar pacíficamente sus conflictos y la huelga, para losfuncionarios públicos de carrera, situación que se consolida con su incorporación al bloque constitucional de los derechos sociales, y la promulgación de la LEFP, que a diferencia de la LCA, los reconoció en su artículo 32, remitiendo para su regulación a la legislación laboral ordinaria.
La nueva realidad jurídica en el sector público, donde el personal obrero y los funcionarios, podían negociarcolectivamente sus condiciones de trabajo en igualdad respecto de los trabajadores del sector privado, generó un amplio debate doctrinario, entre el sector administrativista defensor del régimen estatutario de la función pública, y el sector laboralista que califica el fenómeno como indetenible, lo cual, es reflejo de la realidad laboral existente tanto en el país, como a nivel internacional,producto de las acciones de la OIT.
La tesis administrativista, por su parte sustenta su posición en el sistema estatutario previsto a nivel constitucional desde 1947, contemplado actualmente en el artículo 144 y desarrollado en la LEFP, lo que implica para este sector, la firme intención del constituyente en deslindar el régimen funcionarial del laboral, encontrando tal situación justificación,interpretando a Delpiazzo (2007), en el hecho de que la Administración Pública dada su naturaleza instrumental atiende los intereses colectivos para el logro del bien común, para que todos los componentes sociales puedan alcanzas sus fines propios.
Encontrándose así las cosas, cabe concluir que la previsión constitucional de los derechos colectivos para los funcionarios, sumada a la fuerza queha cobrado en los criterios de la OIT la aplicabilidad para el sector de los Tratados 87 y 98, exigen el reconocimiento y respecto de los mismos, donde el único camino a seguir es su desarrollo legal, y en ello incide el empuje doctrinario por su carácter de fuente del derecho. En tal sentido, si se insiste en mantener la postura de prohibición o menoscabo, se acentuará el fenómeno de la “huida...
Los derechos laborales de los funcionarios públicos, antes de la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa en 1970 (LCA), estaban sometidos a los vaivenes políticos, no existiendo garantías mínimas de estabilidad. Los gobiernos de turno, procedían a repartir los cargos dentro de la Administración Pública, entre sus seguidores como un preciado botín, con la consecuencianefasta de la implementación de condiciones laborales sometidas a caprichos y arbitrariedades, situación que resultaba favorecida por la exclusión del sector de Ley del Trabajo.
El sector laboralista ve reforzada su teoría de ejercicio pleno de los derechos colectivos, con la incorporación de los mismos al bloque de derecho sociales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de1999 (CRBV), sumado al auge doctrinario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientado en reconocer el derecho de la negociación colectiva del sector público, en atención a los estudios de los convenios 87 y 98, ratificados por Venezuela en 1982.
La Ley del Estatuto de la Función Pública de 2002 (LEFP), reconoce los derechos colectivos funcionariales en beneficio exclusivo de losfuncionarios de carrera, y para su ejercicio remite a la LOT, activándose nuevamente las disputas doctrinarias en torno a la laborización, pero ahora con nuevos matices, pues el constituyente en el artículo 144 estableció el régimen estatutario de la función pública y en los artículos 95, 96 y 97 contempló los derechos colectivos para todos los trabajadores sin distinción alguna.
LANEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
El fenómeno de la laboralización de la Función Pública, hace referencia a la penetración de instituciones propias del Derecho del Trabajo en el ámbito de la función pública. Lo que se patentizó con la promulgación de la LOT, al contemplar en el artículo 8, el derecho de la negociación colectiva, solucionar pacíficamente sus conflictos y la huelga, para losfuncionarios públicos de carrera, situación que se consolida con su incorporación al bloque constitucional de los derechos sociales, y la promulgación de la LEFP, que a diferencia de la LCA, los reconoció en su artículo 32, remitiendo para su regulación a la legislación laboral ordinaria.
La nueva realidad jurídica en el sector público, donde el personal obrero y los funcionarios, podían negociarcolectivamente sus condiciones de trabajo en igualdad respecto de los trabajadores del sector privado, generó un amplio debate doctrinario, entre el sector administrativista defensor del régimen estatutario de la función pública, y el sector laboralista que califica el fenómeno como indetenible, lo cual, es reflejo de la realidad laboral existente tanto en el país, como a nivel internacional,producto de las acciones de la OIT.
La tesis administrativista, por su parte sustenta su posición en el sistema estatutario previsto a nivel constitucional desde 1947, contemplado actualmente en el artículo 144 y desarrollado en la LEFP, lo que implica para este sector, la firme intención del constituyente en deslindar el régimen funcionarial del laboral, encontrando tal situación justificación,interpretando a Delpiazzo (2007), en el hecho de que la Administración Pública dada su naturaleza instrumental atiende los intereses colectivos para el logro del bien común, para que todos los componentes sociales puedan alcanzas sus fines propios.
Encontrándose así las cosas, cabe concluir que la previsión constitucional de los derechos colectivos para los funcionarios, sumada a la fuerza queha cobrado en los criterios de la OIT la aplicabilidad para el sector de los Tratados 87 y 98, exigen el reconocimiento y respecto de los mismos, donde el único camino a seguir es su desarrollo legal, y en ello incide el empuje doctrinario por su carácter de fuente del derecho. En tal sentido, si se insiste en mantener la postura de prohibición o menoscabo, se acentuará el fenómeno de la “huida...
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