sistema de responsabilidad del estado

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA AUTÓNOMO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

En materia de responsabilidad extracontractual del Estado, el logro más significativo de la jurisprudencia de la década 1993-2003 ha sido, indudablemente, la creación y consolidación –de manera irreversible- de un sistema de responsabilidad patrimonial autónomo, completo, basado en principios de derechopúblico, que –de modo similar a lo que ocurre en otros países (España y Colombia, por ejemplo)- distingue entre un régimen de responsabilidad sin falta o por sacrificio particular en el cual, en palabras de la jurisprudencia,“...la exigencia de indemnización viene dada por el principio de igualdad ante las cargas públicas...” y un régimen de responsabilidad por falta o por funcionamiento anormal delservicio, en cuyo caso “...de lo que se trata es de una exigencia de indemnización derivada de una actuación ilícita del Estado productora de daños...”

Uno de los principales problemas que enfrentó la construcción de ese sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, separado del régimen de responsabilidad civil y, por tanto, basado en principios iuspublicistas, fue la reticencia de lajurisprudencia –durante casi todo el tiempo de vigencia de la Constitución de 1961— de darle virtualidad a las normas constitucionales que permitían encauzar la responsabilidad del Estado bajo reglas de derecho público.

En efecto, la responsabilidad del Estado debía extraerse de la interpretación en contrario del artículo 47 de aquella Constitución, según el cual “En ningún caso podrán pretenderlos venezolanos ni los extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”, lo que a contrario sensu implicaba que los entes estadales sí respondían patrimonialmente cuando los daños o perjuicios fueran causados por autoridades legítimas en elejercicio de su función pública. A esa disposición constitucional se añadía el artículo 206 ejusdem –equivalente al artículo 259 de la vigente Constitución- el cual facultaba a los tribunales contenciosos administrativos para condenar a la indemnización de los daños ocasionados en responsabilidad de la Administración.

La existencia de esas y otras disposiciones constitucionales (artículo 3 –carácterdemocrático y responsable del gobierno; 46 y 121 –responsabilidad personal de los funcionarios- 45, 56, 57, 61 y 223 –relativos al principio de igualdad ante las cargas públicas) era suficiente, así lo decía incansablemente la doctrina nacional, para crear y desarrollar un sistema completo de responsabilidad patrimonial, cuyo fundamento general fuera la idea de integridad patrimonial y quepermitiera la indemnización de toda lesión causada por la Administración, por su actuación lícita o ilícita[1].

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia continuaba aferrado a las normas comunes que rigen la responsabilidad extracontractual de los particulares contenidas en el Código Civil y, conforme a esas disposiciones, juzgaba también la responsabilidad del Estado.

Lenta, peroprogresivamente, la jurisprudencia abandonó la aplicación directa de normas de derecho civil en casos de responsabilidad del Estado y, en su lugar, exaltó y terminó construyendo todo un sistema de derecho público para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Estado, tal como lo clamaba la doctrina.

En 1993 –año en que se inició la década que estamos analizando- el Profesor Farías Mata, entoncesMagistrado de la Sala Político-Administrativa del Supremo Tribunal, en el voto salvado de la sentencia de fecha 4 de marzo (caso: Silvia Rosa Riera vs. INAVI) reclamaba a la mayoría de la Sala que –al enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) por la muerte de un menor que había caído por el hueco de un ascensor ubicado en el bloque 52 de la Urbanización 23...