Social

Fernando García*

Luego de leer y analizar la valiosa ponencia de Esther Sánchez me gustaría hacer algunos comentarios que, a la luz de la experiencia de los grupos indígenas colombianos y de la reciente investigación sobre las formas indígenas de administración de justicia hecha por FLACSO, nos permitan avanzar en la discusión de la justicia indígena que los grupos, pueblos y nacionalidadesecuatorianas mantienen como una práctica vigente y que forma parte sustancial de su identidad como pueblos. Un primer tema tiene que ver con el pluralismo legal, entendido como la existencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico y no meramente como la vigencia de costumbres, el pluralismo legal ha sido reconocido clara y abiertamente por el artículo 84 y 191 de laConstitución de 1998. Este hecho es el punto de partida de la discusión, y aunque no contamos con el equivalente a la jurisdicción especial indígena colombiana, están puestas las bases para el desarrollo de los dispositivos legales y legislación secundaria para reconocer, valorar y aplicar este derecho colectivo. En este punto es necesario hacer algunas precisiones. Los dispositivos legalesinstitucionales han avanzado en forma heterogénea: la Corte Suprema de Justicia no ha ejercido jurisprudencia sobre el tema, se conoce la existencia de una comisión, formada a fines de 1999 por tres ministros jueces encargados de compatibilizar las reformas constitucionales con la práctica jurídica indígena. En otros sectores públicos hay algunos avances, la educación bilingüe intercultural en el campo de laeducación, la Dirección de Salud Indígena en el campo de la salud y las reformas propuestas al Código de Menores y de la Familia luego de un esfuerzo conjunto entre UNICEF, INNFA, PROJUSTICIA y las organizaciones indígenas. Se encuentra también en marcha un proyecto de investigación a cargo de la Universidad Andina Simón Bolívar y PROJUSTICIA con el fin de diseñar una propuesta de ley quecompatibilice el sistema jurídico indígena con el sistema jurídico estatal. Por su parte, los pueblos indígenas a través de sus organizaciones nacionales, CONAIE y FENOCIN, mantienen grupos de trabajo sobre el tema y la segunda organización nombrada lleva a cabo una investigación también con el apoyo de
* Antropólogo, Coordinador Académico de la Maestría de Asuntos Indígenas y Antropología Social deFLACSO.

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Fernando García

PROJUSTICIA. Se encuentra en proceso de discusión y consulta una propuesta de ley orgánica sobre pueblos y nacionalidades y circunscripciones territoriales indígenas liderada por la CONAIE. El ECUARUNARI, por su lado, ha avanzado en una nueva propuesta de la Ley de Comunidades del Ecuador, que reemplace y actualice a la vieja ley de 1937. La SegundaVicepresidencia del Congreso, a través de la diputada Nina Pacari, también avanza la elaboración de dos propuestas de ley: la una sobre el uso de los idiomas ancestrales y la otra sobre propiedad intelectual colectiva. Por otro lado, el vocal indígena del Tribunal Supremo Electoral participa en la propuesta de ley de Juntas Parroquiales Rurales, con el fin de que la estructura organizativa indígena seaincorporada en este nuevo instrumento jurídico. Todas estas acciones demuestran la importancia y la urgencia del tema, sin embargo, se observa poca preocupación por parte de la Función Judicial y un afán todavía desarticulado de diferentes instancias organizativas, legislativas, académicas y sociales por lograr coherencia en un proceso en el cual se requiere un vasto esfuerzo interdisciplinar y delconjunto de la sociedad ecuatoriana, para ser consecuentes con el carácter pluricultural y multiétnico aprobado en la Constitución. Otro tema que menciona Esther Sánchez es el del derecho a la autodisposición. Este interesante derecho implica que cualquier grupo indígena puede organizarse de acuerdo con su propia visión del mundo, sus tradiciones y sus deseos. Incluye el derecho a regirse por sus...