sociedad


Consejo para la Transparencia

Los hechos mencionados por parte del Consejo para la Transparencia hacia el ministro Cristián Larroulet para hacer públicos sus correroselectrónicos llevaron a Carlos Peña a publicar una columna el domingo 8 de abril de este año. Este autor está en lo correcto al afirmar, a primera vista, que esta petición contiene un alto grado de certeza dadoque Larroulet, en calidad de ministro y ejerciendo un cargo público tiene como deber y obligación el bienestar de los ciudadanos, y ellos por su parte tienen todo el derecho a saber sobre lacoordinación de diversos objetivos, para así mantenerse mejor informados sobre lo que las autoridades hacen por ellos.
El principio de transparencia de los actos públicos es indispensable en unasociedad democrática como la nuestra, ya que constituye un resguardo contra el abuso del poder político. Sin embargo, este principio no debe mal interpretarse debido a que sólo se debe llevar a cabo enexcepciones en donde este en peligro el orden del país. En efecto no sólo se trata de la privacidad propia de un funcionario público, sino también de de la privacidad de la gestión de todos los serviciospúblicos que estén relacionados con el ministro. Es decir, es necesario tener cierta privacidad (lo que implica excluir ciertos proyectos de las personas) para que así logre funcionar correctamente yse mantenga un orden necesario para que cierto proyecto se lleve a cabo.
Por ejemplo, ¿Qué pasaría si el día de mañana todas las personas quieren conocer el contenido de los correoselectrónicos que contengan la defensiva chilena en contra de Perú en la corte de la Haya? Claramente nuestro país y nosotros nos veríamos perjudicados si esa información cae en manos de otros países.
A mimodo de ver, es más válido implementar otras medidas para fiscalizar estos problemas, como un control interno y evaluación de ministros, para así lograr controlar de mejor manera ciertos...