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SENTENCIA DEL 9 DE ABRIL DEL 2003, No. 5
Sentencia impugnada: Decreto No. 520, dictado por el Poder Ejecutivo, del 5 de julio del 2002.
Materia: Constitucional.
Recurrente: Instituto Dominicano de Tecnología Ambiental, Inc. (IDIA).
Abogado: Lic. Johnny Sánchez Pérez.
Dios Patria y Libertad
República Dominicana E
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En Nombrede la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segunda Sustituta de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, VíctorJosé Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de abril del 2003, años 160º de la Independencia y 140º de la Restauración, dicta la siguientesentencia:

Sobre la acción en inconstitucionalidad intentada por el Instituto Dominicano de Tecnología Ambiental, Inc. (IDIA), constituido de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle Camino 13, Edif.. No. 14, de la Urbanización María Estela, del municipio de Boca Chica, debidamente representado por su director ejecutivo, Lic. Johnny Sánchez Pérez,dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 031-022683-7, domiciliado y residente en esta ciudad, contra el Decreto No. 520, de fecha 5 de julio del 2002, dictado por el Poder Ejecutivo;

Vista la instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el 24 de octubre del 2002, suscrita por el Lic. Johnny Sánchez Pérez, la cual termina así: “Unico: declarar lainconstitucionalidad del Decreto No. 520-02, dictado por el Presidente de la República en fecha 5 de julio del año 2002, por motivo de que el Estado Dominicano en la actualidad no ha realizado el pago correspondiente a los propietarios”;

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, del 26 de enero del 2003, que termina así: “Unico: Declarar inadmisible el recurso deinconstitucionalidad interpuesto por el Instituto Dominicano de Tecnología Ambiental, Inc. (IDIA), por los motivos expuestos”;

La Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y vistos los artículos 67, inciso 1 de la Constitución de la República y 13 de la Ley No. 156-97, así como los textos legales invocados por el impetrante;

Considerando , que el artículo 67, inciso 1 de laConstitución de la República dispone que: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”;

Considerando , que el impetrante solicita la declaraciónde inconstitucionalidad del Decreto No. 520 de fecha 5 de julio del 2002, dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declaró de utilidad pública e interés social, la adquisición por el Estado Dominicano de la Parcela No. 489-C-72-A, del Distrito Catastral No. 32, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 500 M2., y sus mejoras, propiedad del Instituto Dominicano deTecnología Ambiental, amparada por el Certificado de Título No. 2001-10285;

Considerando , que también alega en su instancia el impetrante que: “ Resulta: Que si bien es cierto que se trata de una facultad de carácter constitucional atribuida al Jefe del Estado, lo que no se está criticando, no es menos cierto que el mismo está afectado de inconstitucionalidad y de ilegalidad en su ejecución, y que...