sustancias psicoactivas

CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN COLOMBIA:
TENDENCIAS EN EL MANEJO DE TRASTORNOS RELACIONADOS Y
PAUTAS PARA SU REGLAMENTACIÓN LEGAL

Bernardo PÉREZ SALAZAR[1]
Resumen
La reforma recientemente aprobada del artículo 49 de la Constitución
Política de Colombia, por medio de la cual se prohíbe el porte y consumo
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y se establecenmedidas
administrativas para el tratamiento de consumidores de estas sustancias,
abre la discusión sobre la diferencia entre consumo y adicción, así como
sobre los objetivos y modelos de manejo y tratamiento de estas
condiciones. Este artículo aporta elementos a esta discusión, a la luz de
hallazgos recientes tanto de la neurociencia como de las ciencias sociales
acerca del consumo ytrastornos relacionados con sustancias psicoactivas,
y ofrece pautas para que la reglamentación legal de la nueva disposición
constitucional colombiana.
Palabras clave: Política antidrogas; reducción del consumo de
sustancias psicoactivas; trastornos relacionados con sustancias, manejo
de la recuperación de sustancias, Colombia.
Summary
This article discusses psychoactive substances use anddependence in the
light of a recent constitutional amendment that prohibits illegal drug
possession or consumption in Colombia, and establishes administrative
treatment measures for offenders. A review of neuroscience and social
science literature on the subject informs issues such as the distinction
between drug use and dependence, as well as the different objectives and
treatment models developedto deal with each of these conditions.
General guidelines are suggested for future legal development of the new
constitutional amendment.
Keywords: Drug policy; demand reduction; substance related disorders;
recovery management, Colombia.

En diciembre de 2009, luego de ocho debates reglamentarios realizados
en dos legislaturas consecutivas, el Congreso de la República de Colombia
aprobóla reforma constitucional que prohíbe el porte y el consumo de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el país y ordena establecer
por medio de la ley medidas y tratamientos administrativos de orden
pedagógico, profiláctico o terapéutico para personas que consuman dichas
sustancias. Perentoriamente, el texto del artículo reformado advierte: “El
sometimiento a esas medidas y tratamientosrequiere el consentimiento
informado del adicto.”[2]
Tal condicionamiento reconoce y trata de prevenir situaciones de
estigmatización, abuso y violaciones de derechos fundamentales
frecuentemente asociadas con disposiciones legales que someten a
consumidores de drogas a medidas y tratamientos coercitivos con fines
rehabilitadores. A pesar de que en Colombia hay normatividad específica
queregula los servicios prestados por Centros de Atención en
Drogadicción
–CAD–
y
servicios
de
farmacodependencia[3],
periódicamente se conocen denuncias a través de los medios de
comunicación sobre torturas físicas, castigos degradantes, abuso sexual e
intimidación psicológica realizados en el marco de “terapias de choque”
para el tratamiento de personas con trastornos relacionados con elconsumo de sustancias. Tampoco es inusual que se registren suicidios de
internos en dichos centros.[4]
La vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos de quienes son
sometidos a tratamientos de trastornos relacionados con sustancias está
ampliamente documentada en todo el mundo. Tanto en México como en
China, Malasia, Camboya y Vietnam, “centros de rehabilitación” han sido
utilizadoscomo fachadas para mantener internos sometidos a trabajo
forzado, muchos de los cuales no son adictos y algunos ni siquiera
consumidores.[5]
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Asia Oriental los
tratamientos coercitivos de “rehabilitación de adictos” suelen ser
aplicados sin diferenciar entre quienes lo son y no lo son, e incluso con
frecuencia son aplicados a personas...