Tarea de derecho i

CAPITULO II
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El marco jurídico correspondiente a la responsabilidad de los servidores públicos que origina en última instancia la procedencia del juicio político, está conformado por cuatro ordenamientos fundamentales de carácter federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, los cuáles se analizan en el presente capítulo.
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidorespúblicos ha sido un interés constante de todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales de todo Estado de derecho. La aspiración de los mexicanos en este sentido se ha reflejado, con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los documentos constitucionales que, desde nuestra lucha por la independencia, nos han regido.
A continuación se analiza el decreto publicadoen el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, por el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente, el título IV (artículos 108 al 114), así como los demás artículos relacionados con el mismo (es decir, 22; 73, fracción VI base 4a.; 74, fracción V; 76, fracción VII; 94, 97, 127 y 134).
Comose sabe, el anterior decreto, junto con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la reforma al título décimo del Código Penal, y la relativa al llamado "daño moral" del Código Civil así como la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pretendieron proporcionar el marco jurídico apropiado para la "renovación moral de la sociedad", postulada por ellicenciado Miguel de la Madrid durante su campaña como candidato a la presidencia y cuya principal finalidad era proscribir la corrupción que había caracterizado al sistema político mexicano.
En términos generales, se puede afirmar que las adiciones, precisiones y supresiones realizadas por el constituyente permanente en diciembre de 1982 no justifican de manera alguna la modificación de todoun título de nuestra Constitución federal que se había conservado, casi sin variación, durante sesenta y cinco años. Las reformas adoptadas, si bien denotan una mejor técnica jurídica en su redacción, no afectaron la esencia; en realidad, son pocos los aspectos novedosos o los cambios trascendentales; el texto vigente conserva el sistema anterior (que, con ciertas salvedades, era satisfactorio) y,frecuentemente, sólo cambia la terminología.
Aun cuando el texto anterior, en diversos aspectos, era deficiente y confuso, en buena medida se hubiera podido subsanar a través de la interpretación constitucional por los órganos jurídico-aplicadores, sin multiplicar innecesariamente las reformas a la Constitución.
Es claro que el texto original de la Constitución de 1917 mismo que había seguidobásicamente lo dispuesto por la Constitución de 1857 y, sobre todo, por las reformas de 1874 a la misma, particularmente con la reiterada y confusa mención de los mal llamados "delitos o faltas oficiales" relativos a los actos u omisiones que pudieran redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, así como por la ineficaz intervención que se le dio al jurado popular para elconocimiento de ciertos de esos supuesto "delitos", originó que los miembros del Congreso de la Unión, consciente o inconscientemente, al crear tardíamente la Ley de Responsabilidades de 1940, reglamentaria del referido título IV constitucional, pretendieran regular omnicomprensivamente no sólo las infracciones políticas o administrativas de los funcionarios públicos, sino también los delitos...