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Páginas: 3 (541 palabras)
Publicado: 14 de julio de 2014
Los vendedores ambulantes pululan por doquier. En Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali se encuentran localizados en los sitios céntricos de las aglomeraciones urbanas en expansión.
Recientementelas ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, de la región nororiental de Colombia, en los departamentos de los Santanderes, donde viven casi 5 millones de colombianos, han sido escenarios de este fenómeno yde la conflictividad que lo acompaña.
Los alcaldes de las dos ciudades, Lucho Bohórquez y Donamaris Ramírez, han desplegado acciones brutales con el ESMAD, dizque para recuperar el espacio público,ignorando la problemática social de los vendedores ambulantes y desconociendo sus organizaciones. Tratándolos como personas de cuarta categoría.
Los choques con la policía han sido violentos ymuchas personas han parado en los calabozos y los hospitales con heridas y golpes mortales. Judicializados y sin sus pocas mercancías. Un drama humano que obliga la solidaridad del resto de laciudadanía.
Las normas contra los vendedores expedidas por las alcaldías metropolitanas, como el Decreto 0179 del 2012, en Bucaramanga, se sustentan en la vigencia del Artículo 82 de la Constitución Nacionalsobre el espacio público y en el Documento Conpes 3718 aprobado por Planeación Nacional en enero de este año, que en el marco de Visión Colombia 2019, establece los objetivos y alcances de laparticipación del gobierno nacional, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, el sector privado y las comunidades en la planeación, gestión, control y sostenibilidad del espacio público, enel marco de los objetivos y principios del ordenamiento territorial que establece la Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997), definiendo estrategias de coordinación entre los mismos para suimplementación y generando procedimientos de seguimiento y evaluación de sus avances.
Con este protocolo almibarado, los dos burgomaestres, su tren de asesores y la policía antidisturbios, han...
Recientementelas ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, de la región nororiental de Colombia, en los departamentos de los Santanderes, donde viven casi 5 millones de colombianos, han sido escenarios de este fenómeno yde la conflictividad que lo acompaña.
Los alcaldes de las dos ciudades, Lucho Bohórquez y Donamaris Ramírez, han desplegado acciones brutales con el ESMAD, dizque para recuperar el espacio público,ignorando la problemática social de los vendedores ambulantes y desconociendo sus organizaciones. Tratándolos como personas de cuarta categoría.
Los choques con la policía han sido violentos ymuchas personas han parado en los calabozos y los hospitales con heridas y golpes mortales. Judicializados y sin sus pocas mercancías. Un drama humano que obliga la solidaridad del resto de laciudadanía.
Las normas contra los vendedores expedidas por las alcaldías metropolitanas, como el Decreto 0179 del 2012, en Bucaramanga, se sustentan en la vigencia del Artículo 82 de la Constitución Nacionalsobre el espacio público y en el Documento Conpes 3718 aprobado por Planeación Nacional en enero de este año, que en el marco de Visión Colombia 2019, establece los objetivos y alcances de laparticipación del gobierno nacional, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, el sector privado y las comunidades en la planeación, gestión, control y sostenibilidad del espacio público, enel marco de los objetivos y principios del ordenamiento territorial que establece la Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997), definiendo estrategias de coordinación entre los mismos para suimplementación y generando procedimientos de seguimiento y evaluación de sus avances.
Con este protocolo almibarado, los dos burgomaestres, su tren de asesores y la policía antidisturbios, han...
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