tareas

este caso, estableció que los reglamentos a que alude la norma demandada, corresponden a
una de las formas de ejercicio del poder de policía, de naturaleza legal y reglamentaria, los
cualesconstituyen disposiciones de carácter general encaminadas a concretar y desarrollar
preceptos legales en materia policiva, entre otros, para prevenir y eliminar perturbaciones a
la seguridad, latranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas. A su juicio, se trata de
finalidades constitucionalmente válidas, en la medida en que pretenden sortear pronta y
oportunamente, eventos en los queexista un riesgo para la seguridad o la salubridad
públicas, restringiendo la locomoción de peatones y vehículos, para salvaguardar la vida e
integridad de las personas, atendiendo a la funciónpreventiva conferida a la policía para
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades y asegurar
la convivencia pacífica (art. 218 C.Po.). De igual modo, constatóla idoneidad de la medida
para alcanzar el objetivo propuesto, toda vez que este es uno de los pocos casos en que, por
excepción, les es permitido a las autoridades que ejercen el poder de policía,restringir la
libertad de locomoción para proteger otros derechos y valores de raigambre constitucional
que pueden verse en peligro por graves hechos que atenten contra la seguridad y lasalubridad, directamente relacionados con la vida e integridad de las personas. Así mismo,
encontró que la medida analizada es proporcional en stricto sensu, como quiera que no tiene
la entidad paraanular por sí misma la libertad de locomoción reconocida en la Constitución y
en los diferentes instrumentos internacionales mencionados, toda vez que además de que se
trata de un derecho que no tieneun carácter absoluto, su restricción atiende al imperativo
propósito de conservar las condiciones para que las personas no sean afectadas en su vida o
integridad personal, adoptando medidas de...