tcl ante silencio del empleador

PROMUEVE ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
SOLICITA CAUTELAR PREVIA: DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD
ARTS. 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 LEY Nº 26.773.

Señor Juez:
Jorge Gabriel RIZZO, abogado de la matrícula y Presidente
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, inscripto en el
Tomo 33, Folio 955 con el patrocinio letrado de las Dras. Laura Alejandra
Calógero Tº 54,Fº 818 CPACF, Silvina Nápoli Tº 42 Fº 425 CPACF y
Sandra María Blanco T° 55, F° 292 CPACF constituyendo domicilio
procesal en Av. Corrientes 1441, Piso 5º "Asesoría Letrada"

(Zona de

Notificación N° 107), ante S.S me presento y digo:

I.- PERSONERIA: Con las copias certificadas del Acta de
Proclamación de Autoridades (Elecciones 2012/2014) del Colegio Público de
Abogados de la CapitalFederal, de fecha 29 de mayo de 2012, y del Acta de
Distribución de Cargos del Consejo Directivo de esa Institución, de fecha 30
de mayo de 2012, acredito ser Presidente del mismo, con domicilio real en la
Av. Corrientes 1441/47 de la Capital Federal, y en tal carácter me presento.

II.- OBJETO: Con la representación acreditada, vengo a
promover Acción Declarativa de Inconstitucionalidadcontra los
artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la Ley Nº 26.773 de Régimen de
Ordenamiento de la Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, sancionada el 24 de octubre de
2012 y promulgada el 25 de octubre de 2012-10-31 (B.O. 26/10/2012).

Esta acción se dirige contra el Estado Nacional - Poder
Ejecutivo Nacional – con domicilio en la calleBalcarce 50, Capital Federal.

1

La norma vulnera, en forma manifiestamente ilegal y
arbitraria, derechos adquiridos de los abogados, limitando su facultad de
pactar los honorarios profesionales; a la par que cercena el derecho de
acceso a la justicia de los trabajadores damnificados por un daño o
enfermedad laboral (abogados incluidos), con la consecuente e inevitable
restricción

deltrabajo de los profesionales abocados a satisfacer

resarcimientos en dicha materia y, en consecuencia, entorpeciendo y
limitando el libre ejercicio de la abogacía.

Asimismo, y como medida cautelar, se solicita se
suspenda la aplicación de los artículos 3º, 4º, 6º y 17 inc. 2 y 3 de la
Ley Nº 26.773, manteniendo el régimen vigente hasta la sanción de la
norma aquí impugnada, sistemade compensación del daño al trabajador
que ha sido reiteradamente avalado por los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Esto así de conformidad con los fundamentos de hecho y
derecho que a continuación se exponen.

III. PROCEDENCIA
III. A.- La presente acción involucra derechos y
garantías constitucionales en tanto se procura la tutela jurisdiccional
frente a la conductadel Estado Nacional que, a través del dictado de la Ley
N° 26.773 ha cercenado los legítimos derechos de propiedad, acceso a la
justicia, debido proceso, juez natural y seguridad social de los trabajadores
afectados por una enfermedad o accidente laboral, así como los derechos
de propiedad y trabajo de los profesionales abogados.

Por ello, este proceso adquiere rango constitucional y sevincula directamente con la acción de amparo (artículo 43 de la
Constitución
pertinentes.

2

Nacional)

en

todos

aquellos

aspectos

que

resultan

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en doctrina registrada en Fallos 320:690, ha puntualizado que la
circunstancia de que la actora haya demandado por la vía prevista en el
artículo 322 del CPCCN noconstituye óbice para la aplicación de este
precepto (artículo 43 CN), en virtud de la analogía existente entre esa
acción y la de amparo. Tal analogía ha sido advertida por la Corte al
señalar que el pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma
importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, de
aquellas que explícitamente ha admitido como idóneas –ya sea bajo...