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Páginas: 4 (859 palabras)
Publicado: 30 de agosto de 2012
LEY 30 DE 1992
La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden enque es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos anteriormenteen varias instituciones públicas.
Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministro de EducaciónSuperior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.
Aunque la reforma se venía preparando desdela administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, presentadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es más amplia y conpropuestas polémicas.
1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas
Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buenacalidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para losestudiantes”.
El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos queno solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendanservicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El...
La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden enque es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos anteriormenteen varias instituciones públicas.
Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministro de EducaciónSuperior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.
Aunque la reforma se venía preparando desdela administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, presentadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es más amplia y conpropuestas polémicas.
1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas
Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buenacalidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para losestudiantes”.
El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos queno solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendanservicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El...
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